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La moratoria de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias para familias vulnerables se prorrogará dos años, hasta mayo de 2019, según avanzó ayer el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos. Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, De Guindos señaló que en los próximos días se reunirá con los diferentes grupos parlamentarios para elaborar un real decreto ley que prorrogará la moratoria antidesahucios y cambiará algunos requisitos sobre las familias con hijos menores.
En la actualidad se paralizan los lanzamientos en los hogares con hijos menores de tres años, y De Guindos se mostró a favor de ampliar la moratoria para que la suspensión de lanzamientos no sólo afecte a familias con hijos de esa edad.
Especial vulnerabilidad
El ministro De Guindos respondió ayer a la pregunta de la diputada del grupo vasco Idoia Sagastizabal sobre las medidas que contempla el Gobierno para la protección de los deudores hipotecarios que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y que también le interrogó sobre si incluirá medidas similares en la nueva ley hipotecaria que deberá aprobarse. El ministro señaló que el Gobierno está preparando un real decreto ley para prorrogar dos años la suspensión de lanzamientos a colectivos vulnerables, aunque destacó la «continua» caída del número de desahucios y lanzamientos en los últimos tres años.
Afirmó que la pobreza y la desigualdad se van reduciendo en España y señaló que gracias a las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad se han suspendido más de 24.000 lanzamientos y se han registrado más de 7.000 daciones en pago. Recordó el ministro de Economía que el código de buenas prácticas bancario y el fondo social de viviendas aprobado por el Ejecutivo, junto con otras medidas, han favorecido a más de 77.000 familias vulnerables.
La diputada Idoia Sagastizabal incidió por su parte en que, pese a los signos de recuperación, que conllevará menores deudores hipotecarios, «todavía más de 24.000 familias continúan con viviendas subastadas y es momento de dotarlas de seguridad jurídica».
