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Al límite. Así ha transcurrido la validación definitiva de la Ley de Crédito Inmobiliario que ayer recibió el voto favorable del Congreso de los Diputados pocos días antes de que se disuelvan las Cortes ante la convocatoria electoral del 28 de abril. España se jugaba una multa superior a los 110 millones de euros porque debería haber aplicado esta reforma, derivada de una normativa europea, hace tres años.
Pero aún habrá que esperar, al menos desde el punto de vista práctico: la reforma hipotecaria no tendrá efecto hasta dentro de tres meses, esto es, hasta mediados de mayo. Esa fue la última novedad del trámite parlamentario, a instancias del PP -consiguió el apoyo de Ciudadanos, PDeCAT, UPN y Foro-, que pedía una ampliación de los plazos para que la banca pudiera adaptarse a todas las novedades incluidas en el texto.
El Gobierno ya tiene otra tarea acumulada para antes de las elecciones con el ‘hándiacp’ de las Cortes disueltas en dos semanas: desarrollar reglamentariamente la norma hipotecaria, para que pueda ponerse en marcha sin problemas. La ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmó este jueves que harán «todo lo posible» para aprobar los textos necesarios en las próximas semanas.
Más de quince meses han tenido que transcurrir para que la iniciativa, presentada con retraso por el Ejecutivo anterior haya sido aprobada en la Cámara baja después de un periplo de negociaciones que se han acelerado en las últimas semanas. Solo Unidos Podemos se ha opuesto al conjunto del texto que intenta resolver algunos de los asuntos más espinosos que han afectado a muchas familias en estos últimos años en materia de desconocimiento de cláusulas suelo o abono de las cargas asociadas a los préstamos.
Entre las novedades para quien contrate una hipoteca está el reparto de gastos. La polémica suscitada en noviembre en torno al Tribunal Supremo por el conflicto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) obligó a los diputados a redefinir qué gastos asumirá la banca o el cliente. Descartada la supresión del tributo que había propuesto el Senado con la mayoría ‘popular’, serán las entidades las que lo abonen. No solo el AJD, sino también con los relativos a las notarías o el registro.
El único apartado que tendrán que abonar los futuros hipotecados será el de la tasación de la vivienda. Cuando se subrogue una hipoteca, se ha establecido una compensación por el cual el banco que asume un crédito en vigor deberá abonar parte de esos costes iniciales al que lo pierde.
