La pobreza energética afecta a casi 20.000 personas en Tarragona

La obligada austeridad continúa maniatando a los hogares, ajenos a la dinámica de la recuperación económica y a la mejoría del mercado de trabajo. El caso extremo de Rosa, la anciana fallecida en Reus en un incendio provocado por una vela, ha vuelto a poner sobre la palestra la problemática de la pobreza energética.

Los datos de las entidades sociales son demoledores. Càritas Diocesana de Tarragona atendió el año pasado a 19.927 personas por conceptos vinculados con la vivienda, donde se incluyen reparaciones, alojamiento, alquiler o hipoteca, pero sobre todo suministros, como luz, agua o gas. En total, fueron 6.410 las familias atendidas por todo el territorio, con especial incidencia en lugares como Reus, todo el Baix Camp o el Baix Penedès.


Entidades al rescate
Organismos como Càritas Diocesana, Creu Roja, los servicios sociales de los respectivos ayuntamientos y otras asociaciones salidarias salen al rescate para detectar vulnerabilidades y actuar en consecuencia.

La pobreza sigue sin remitir. Su vertiente energética aflora ahora, justo cuando llega el frío, como indica Francesc Roig, director de Càritas Diocesana en Tarragona: «La pobreza energética es una de las consecuencias y forma parte de la situación precaria que viven las 20.153 personas que atendimos en 2015 en las Càritas parroquiales. Las atenciones, mayoritariamente, fueron de alimentación y orientación, pero la vivienda y el trabajo son las dos problemáticas más graves que sufren estas personas».

Creu Roja también ha acudido al rescate. Durante este año, ha pagado los recibos de luz o agua a 88 familias tarraconenses. Se trata de ayudas de entre 100 y 300 euros que se pagan como máximo tres veces al año. En total, Creu Roja ha destinado una suma de 10.000 euros. La entidad atendió el pasado año en global a 16.887 hogares en España para ayudarles en el pago de casi 30.000 facturas de luz, gas y agua, a las que esta organización destinó 4,3 millones de euros. Una cifra que alarma aún más si se tiene en cuenta que solo un año antes había desembolsado 2,5 millones.

Desde Càritas, Roig reclama no bajar la guardia respecto a las personas que no pueden hacer frente a los pagos de las necesidades más básicas para vivir: «Hay que incidir en la dignidad de la persona y en sus derechos, que son inalienables e inviolables. Reclamamos un cambio en el modelo de sociedad que ponga a las personas en el centro de acción y de la política social. Todas las personas tiene que vivir con respeto: en un hogar propio y en paz».

Los efectos de la miseria en el hogar van mucho más allá del no poder encender la luz o comer caliente: la pobreza energética está relacionada con una mayor prevalencia de enfermedades físicas y mentales –asma, artritis, reumatismo, depresión o ansiedad– y con el aumento de la mortalidad por patologías cardiovasculares y respiratorias entre personas de más de 60 años en invierno. La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha elaborado la última radiografía sobre esta patología en España. La entidad calcula que el fenómeno podría estar detrás de 7.200 muertes prematuras al año, más que las que hay en accidentes de tráfico.

Àngel Belzunegui, profesor de Sociología en la URV, justifica así el aumento de esta pobreza energética: «La crudeza de las condiciones de vida ha empeorado mucho más por abajo que para las clases medias. Hemos dividido toda la población por la renta, en grupos de 10%, hasta arriba. En los grupos 1,2,3 y 4, los más bajos, las rentas han bajado un 40%, mientras que por arriba, entre el 8 y el 9, sólo han descendido un 6 o un 7%». «No es que haya más pobres –tercia Belzunegui–, sino que ha habido una precariedad en aumento por abajo. Es gente que ha tocado fondo, y no necesariamente ancianos, sino por ejemplo hombres de a partir de 50 años que se han quedado en el paro».

Para Belzunegui, en algunos casos el estado de miseria se ha enquistado tanto que se hace complicado revertir la situación. «Para recuperar a una parte sólo se puede hacer a través de transferencias sociales, de planes o de rentas mínimas, lo que supone aumentar el gasto público. El otro problema es la precariedad del mercado de trabajo. El empleo se recupera un poco pero los salarios son muy bajos y el mercado labora es muy volátil. Hay una población sin recursos que se ha quedado descolgada», zanja el profesor de la URV.