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La nueva reforma universitaria que plantea el Gobierno ha suscitado un rechazo frontal en la inmensa mayoría de las universidades, en los sindicatos, en los estudiantes y en la oposición. Las universidades españolas podrán ofrecer, a partir del curso que viene, titulaciones de tamaño variable. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que permite crear grados de tres años y posgrados de dos, frente al actual sistema, rígido, de cuatro y uno.
La medida, aseguró el titular de Educación, José Ignacio Wert, ayudará a homologar la educación superior española con la de los países europeos de su entorno, y podrá reducir los costes para los estudiantes. Según Wert, supondrá para las familias un ahorro de unos 150 millones de euros, que es lo que cuestan las tasas de un año, al poderse reducir un año la duración de los grados.
La opinión de los sindicatos es totalmente distinta. Tanto UGTcomo Comisiones Obreras alertan de que la reforma encarecerá la enseñanza universitaria ya que obligará a los estudiantes a complementar sus tres años de grado con dos de máster y un año de máster es más caro que uno de grado. Además creen que perjudica a la universidad pública en beneficio de la privada. Ambos sindicatos se concentraron ayer en el Rectorat y entregaron a la URV un manifiesto en que se oponen a la reforma universitaria.
‘Habrá menos alumnos’
El secretario de la Sección Sindical de UGT en la URV, José María Sánchez, afirmó ayer que «el cambio perjudica a la universidad pública porque habrá menos alumnos. Pretende convertir a las universidades en institutos universitarios. El grado de tres años no tendrá valor en el mercado laboral si no va acompañado de un máster, que supondrá un coste adicional».
Sánchez alerta de que «sería necesaria una política de becas para poder acceder a los másters a un coste asequible», cosa harto improbable dada la situación económica y la política de recortes del PP. Sánchez reconoció que la reforma es ‘voluntaria’ pero, escéptico, recordó que «la voluntariedad y autonomía universitarias han sido atacadas por reales decretos y recortes presupuestarios, salariales y en las condiciones de trabajo».
Su homólogo de CCOO, Joel Fernández, apuntó que «el decreto abre la puerta a desregular los estudios universitarios lo que puede comportar que el mismo título tenga una duración diferente según la universidad». Fernández alude a que hasta ahora todas las carreras duraban igual. A partir del próximo curso, será decisión de cada universidad excepto en las carreras reguladas (ingenierías y ciencias de la salud). El representante de CCOO lamentó que no haya estabilidad en el sistema educativo y cada Gobierno lo modifique.
Un representante tarraconense del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans no quiso valorar ayer la reforma universitaria. A nivel estatal, Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, aseguró que «el decreto suprime el derecho a estudiar de la mayoría. El título de grado se va a devaluar hasta convertirlo en papel mojado».
«Estudiar una carrera va a costar entre 15.000 y 20.000 euros», sentenció García, que anunció que habrá «una gran huelga de enseñanzas medias y universidad. Que sepa el ministro Wert que nos va a tener enfrente, que la juventud se va a levantar». La huelga, de 48 horas, se hará probablemente en marzo. «Ahora estamos de exámenes», recordó García, que acusó al ministro de jugar con los tiempos. «Lo aprueban ahora, durante la época de exámenes, por la puerta de atrás, por miedo a la protesta social que va a generar».
Tras el Consejo de Ministros de ayer, Wert recalcó que el modelo de 4+1 (cuatro grados y un máster) escogido por España en su día al implantar el Plan Bolonia es «una rareza en el ámbito europeo» pues «sólo lo comparten Chipre, Turquía, Armenia, Georgia, Grecia, Kazajistán, Rusia y Ucrania». Además aseguró que el real decreto no es ninguna «imposición» ya que las universidades optarán voluntariamente por implantar los grados de 4 años más 1 año de máster, de 3 años de grado más 2 de máster y de 3 años de grado y 1 de máster, y ellas decidirán cuándo hacerlo.
En Catalunya, el único rector que apoyó el decreto fue el de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals, al considerar que abre la posibilidad a la creación de nuevos grados de tres años. Para el rector de la UPF, la aprobación de una medida que abre posibilidades «no puede ser nunca ni prematura ni inoportuna», la crítica que lanzaron a Wert los rectores de las otras universidades.
El vicerrector de Profesorado y Programación Académica de la Universitat Autónoma de Barcelona, Juan Jesús Donaire, resumió el sentir general de sus colegas al afirmar que «esta reforma es absolutamente inoportuna porque aún no hemos acabado de desplegar los grados de la última reforma y no se ha hecho ningún informe de valoración del actual sistema».
