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La sentencia del 1-O, antes del 16 de octubre

El Poder Judicial advierte de la «imperiosa necesidad» de acatar el fallo y presume de «aplicación serena de la ley»

MATEO BALÍN

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El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena y ponente de la sentencia sobre el Procés, ayer, durante el acto de la apertura del año judicial que presidió el Rey. FOTO: EFETORRA, EN EL PUEBLO NATAL DE PUIGDEMONT, AMER, EL 17 DE AGOSTO. EFE

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena y ponente de la sentencia sobre el Procés, ayer, durante el acto de la apertura del año judicial que presidió el Rey. FOTO: EFETORRA, EN EL PUEBLO NATAL DE PUIGDEMONT, AMER, EL 17 DE AGOSTO. EFE

La sentencia del Procés secesionista en Catalunya marcará este otoño la agenda política del país, si finalmente no hay repetición electoral en noviembre, y desde el Poder Judicial ya velan armas ante la previsible desobediencia de los partidos independentistas y sus plataformas civiles.

La apertura del año judicial, el solemne acto que se celebra cada año en el Tribunal Supremo y preside el Rey, sirvió ayer de escaparate para lanzar los primeros mensajes ante la próxima resolución. Un fallo que se podría conocer antes del 16 de octubre, día en que se cumplen los dos años de prisión preventiva para los líderes de organizaciones civiles acusados, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Una circunstancia que obligaría a una prórroga carcelaria que el tribunal quiere evitar, según señalaron ayer lunes fuentes jurídicas.

Los discursos pronunciados por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, ante Felipe VI y la cúpula judicial tuvieron como innominado receptor a aquellas voces del mundo secesionista que anuncian una desobediencia general contra el Poder Judicial y las instituciones del Estado.

Lesmes, y en mayor medida Segarra, reclamaron que se respete la resolución del tribunal de la Sala Segunda (Penal) y recordaron la «imperiosa obligación» de acatarla. El presidente del Consejo General del Poder Judicial reiteró la necesidad de respetar el Derecho y su independencia «como principio de convivencia de la democracia», mientras que la fiscal general fue más directa y avanzó que «todos» tienen que reconocer la sentencia, «sea cual sea el sentido de la misma».

Segarra añadió que frente a la «extraordinaria gravedad» de los hechos de enjuiciamiento, «la respuesta del sistema judicial ha sido la aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley». Y defendió, en referencia a las críticas políticas y sociales por el llamado «juicio farsa», que la celebración de la vista oral cumplió «con los más amplios estándares de trasparencia, accesibilidad y garantías para las partes, una afirmación de nuestro Estado de Derecho».

Cientos de páginas

Sobre la sentencia, las fuentes consultadas señalaron que el tribunal no tiene previsto efectuar una lectura pública para dar a conocer la resolución. La razón es que se trata de una práctica que, aunque está recogida en la ley, ha caído en desuso (aunque en los atentados del 11 marzo de 2004 fue así). Además será un texto de cientos de páginas. «Tardaríamos cuatro días, es algo inabordable», avanzaron las fuentes.

Pero la alternativa de remitirse solo a la parte dispositiva tampoco gusta entre los magistrados. Entienden que al tratarse de un caso único, sin antecedentes ni jurisprudencia, haría falta contextualizarlo y eso solo pasaría por leer fragmentos de la sentencia. Una circunstancia que lo haría incomprensible y arbitrario. «Serían extractos interesados», admitieron las fuentes.

Otro obstáculo viene derivado de la logística de cómo efectuar esa lectura, puesto que existen dos escenarios: uno, que se realice ante las partes, es decir, defensas y acusaciones. Y dos, que se haga venir a Madrid a los doce acusados, nueve de los cuales están en prisión provisional. Un despliegue que los jueces ven innecesario, habida cuenta de que la ley no obliga a notificar la sentencia a los propios acusados directamente, basta con hacerlo a sus abogados o procuradores.

La Fiscalía no se fía

La Fiscalía no las tiene todas consigo sobre «la imparcialidad» del sistema penitenciario catalán. Duda porque la Generalitat, que tiene las competencias sobre las cárceles, sostiene que los líderes independentistas juzgados por el Supremo son «presos políticos» que no tienen por qué ser castigados con penas de prisión por sus actuaciones durante el Procés.

Si los acusados son condenados elegirán centro para cumplir la pena, y todo hace pensar que solicitarán ir a Catalunya. Así ocurrió tras la fase instrucción de la causa y después del juicio, cuando siete de los acusados fueron conducidos de Madrid a la prisión barcelonesa de Lledoners y las dos mujeres a la tarraconense de Mas d’Enric y a la de Puig de les Basses, en Girona. Unos traslados que contaron con el visto bueno de Instituciones Penitenciarias.

La Fiscalía señala en la memoria que presentó hoy que las principales autoridades del Govern, «incluido el director general» del sistema penitenciario, «han mostrado su rechazo a la prisión provisional», y esas opiniones pueden condicionar «la tranquilidad e imparcialidad» de las autoridades de la administración penitenciaria de Catalunya cuando tengan que «evaluar a los presos sin son finalmente condenados». Es decir, cuando deban resolver sobre la aplicación del tercer grado u otro beneficio penitenciario.

La Fiscalía General recuerda además el ambiente «anómalo» dentro y fuera de las cárceles con «manifestaciones como mínimo semanales» ante los centros y la «anormal presencia» de dirigentes políticos en las prisiones.

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