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El Consejo de Ministros de hoy martes llega cargado de prórrogas dentro del conjunto de medidas que el Gobierno aprobó en el peor momento de la pandemia, y que ahora se ve obligado a extender ante la frágil situación económica por la que atraviesa España por los continuos brotes del coronavirus. El Ejecutivo apuró hasta última hora de ayer lunes la discusión interna de cómo ampliar las medidas incluidas en lo que el vicepresidente, Pablo Iglesias, acuñó como el ‘escudo social’ para proteger a las familias más desfavorecidas.
Aunque habrá cambios de mayor o menor calado en algunas de estas acciones, según apuntan fuentes gubernamentales, prácticamente todas se extenderán al menos hasta el 31 de enero de 2021, con la excepción de las moratorias hipotecarias.
Fuentes del Ejecutivo admiten que sobre la economía pesa una gran losa como consecuencia de la propagación del coronavirus en las últimas semanas. Los confinamientos se han extendido y con ello el cierre forzado de la actividad en muchos territorios. Aunque las actuaciones estaban ideadas para un periodo que no superara los seis meses, la realidad de la pandemia se ha impuesto con el paso de los días.
El socio de Gobierno, Unidas Podemos, había insistido en los últimos días en la necesidad de actuar en este sentido, aunque son varios los departamentos implicados, desde el de Economía hasta el de Hacienda, pasando por el de Transición Ecológica y el de Derechos Sociales.
Entre las medidas que el Ejecutivo va extender se encuentra la prohibición de los desahucios y las subidas «abusivas» en el precio del alquiler de viviendas. En concreto, se prorrogará la prohibición de esos desahucios en las mismas condiciones que hasta ahora marcaba el decreto ley aprobado a finales de marzo. También harán lo propio con los contratos de alquiler. Y también se prorrogará la medida sobre los grandes tenedores de vivienda (habitualmente fondos de inversión), que tendrán que decidir entre una quita del 50% del arrendamiento o una reestructuración de la deuda en, al menos, tres años.
El coste de la luz
El Ejecutivo estudió hasta última hora cómo ampliar el bono social de la luz de forma automática para todos los hogares que lo percibían hasta entonces. Además, se permitía ser benefactores a personas que cumplieran determinados umbrales de baja renta familiar y que acreditaran que eran autónomos que han cesado su actividad o que habían visto reducida su facturación en un 75% durante la emergencia sanitaria. Esta medida supone una rebaja de entre el 25% y el 40% de la parte del consumo eléctrico, incluido en el caso de los autónomos y sus negocios. El Ministerio para la Transición Ecológica que lidera Teresa Ribera tiene pendiente la renovación de este descuento dentro de la Estrategia contra la Pobreza Energética.
El Gobierno también tiene la intención de extender la prohibición de cortar los suministros de luz y agua en los hogares vulnerables. A esta opción podrían unirse las líneas telefónicas básicas, cuestión que aún está por definir hasta el Consejo de Ministros de hoy martes.
La única de las grandes medidas aprobadas en marzo para que las familias pudieran combatir la crisis del coronavirus que no seguirá en marcha serán las moratorias para el pago de hipotecas y créditos. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) obligará a partir del 1 de octubre a la banca a contabilizar cualquier nueva moratoria como lo hacía antes de la pandemia. Será por tanto cada entidad la que tenga que aceptar una solicitud de este tipo, estudiarla de forma individualizada y con sus propias exigencias antes de autorizarla.
