Las farmacéuticas presionaron para introducir la vacuna del papiloma

La inclusión de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en el calendario oficial de vacunación en 2008 pudo estar influida por la «presión» de los laboratorios y utilizada como «estrategia política» al coincidir su introducción con una campaña electoral. Así se desprende de testimonios recogidos en un estudio de la catedrática de Periodismo de la Universitat de València Carolina Moreno, que presenta los argumentos a favor y en contra e intenta dar visibilidad a las afectadas y a colectivos que rechazan la inmunización universal.

«Campañas institucionales en salud pública. El caso de la vacuna contra el virus VPH» es un proyecto del Plan Nacional de Investigación en el que Moreno ha trabajado cuatro años y donde analiza el tratamiento de esta vacuna en los medios y recoge testimonios de médicos, políticos, periodistas y afectadas.

Los efectos secundarios que esa vacuna produjo en dos niñas en Valencia en 2009 abrió una controversia, un debate social que aún sigue «latente». Esa vacuna se introdujo en el calendario vacunal en diciembre de 2008, con Bernat Soria (PSOE) como ministro de Sanidad y tras una encendida defensa del PP en el Congreso, que lo consideró una «urgencia política». Se pusieron en marcha los primeros programas de vacunación masiva en Madrid, Asturias y la Comunitat Valenciana, donde dos meses después fue suspendida momentáneamente tras los efectos adversos que sufrieron esas dos menores.


Desamparadas
Raquel y Carla ingresaron varias veces en la UCI con convulsiones, somnolencia y pérdidas de conocimiento, y eso marcó «un antes y un después» en el discurso mediático sobre la vacuna contra el VPH, señala la investigación. En julio de 2009 se constituyó en Valencia la Asociación de Afectadas para atender la «necesidad de un grupo de familias de encontrar un tratamiento para curar a sus hijas de las secuelas». Las familias se sienten «desamparadas por la Administración» porque en ningún caso se ha hecho un seguimiento, y reclaman un estudio epidemiológico y que la vacuna se retire del calendario oficial.

Otros testimonios, como el de Carlos �lvarez Dardet, catedrático de Salud Publica de la Universidad de Alicante, señalan que la vacuna se introdujo en el calendario oficial porque los laboratorios «presionaron muchísimo» a la Administración.

También el diputado de IU Gaspar Llamazares recuerda que en 2012 solicitó la retirada de la vacuna al morir una niña en Gijón, y critica que en España se gastan «centenares de millones de euros» en esa vacuna «sin saber muy bien cuál será la consecuencia».

Hermelinda Vanaclocha, subdirectora general de Epidemiología de la Generalitat valenciana entonces, afirma que el problema de éstas era «peculiar y extraño», y que tras detenerse la vacunación pensó que en Valencia «no se vacunaría una niña más hasta que no se tuviera un informe de qué había sucedido».

«Tengo la sensación de que un calendario vacunal no puede ir al remolque de la industria farmacéutica; las investigaciones biosanitarias tienen que ser independientes», considera Moreno, quien aclara que el estudio da argumentos para que cada uno decida después.