Los ayuntamientos devolverán 8,6 millones por un error de Hacienda

Las entidades locales de Tarragona deberán devolver 13,7 millones de euros al Estado, a raíz de la liquidación de los presupuestos del año 2013, que se acaba de cerrar. De ese montante que reclama el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, 5,1 millones corresponden a la Diputació de Tarragona, que es con diferencia el organismo peor parado. El resto (8,6 millones) corresponden a 168 ayuntamientos. En cabeza, Tarragona capital deberá retornar 1,5 millones y Reus 1,1.

El Ministerio les inyectó financiación de acuerdo con unas previsiones que finalmente no se cumplieron. El Estado ingresa mensualmente a los consistorios unos anticipos de acuerdo a las previsiones de recaudación en conceptos como el IRPF, IVA y los impuestos especiales que gravan el alcohol, la cerveza, el tabaco y la gasolina. Al acabar el ejercicio y hacer la liquidación se comprueba si el saldo es positivo o negativo, esto es, si el ayuntamiento debe devolver alguna cantidad al estado o viceversa.

Una parte de cada impuesto

De esta forma, la mayor parte de los consistorios deberán asumir unos pagos no previstos de un dinero que ya se utilizó en los presupuestos de 2013. Además, las capitales de provincia, y otras ciudades más grandes (entre ellas se incluye, por ejemplo, Reus) perciben el dinero de la recaudación tributaria en virtud de lo que se denomina sistema de cesión: reciben una parte del rendimiento de cada impuesto, aunque nunca dispongan de facultades de decisión ni de gestión sobre ellos.

Es el llamado Fondo Complementario de Financiación el que acumula la mayor cuantía de la deuda: por ese concepto Tarragona capital deberá reintegrar 1.546.616 euros, mientras que en Reus la cantidad asciende a 989.052 euros. Después aparecen los impuestos participados como el IRPF, el IVA a los hidrocarburos. Respecto a ellos se estima que Tarragona recibió 41.742 euros que no le correspondían. Por su parte, la capital del Baix Camp ingresó 185.768 euros de más que ahora deberá reembolsar.

Así, a las todavía débiles economías municipales ese mal cálculo por parte del Estado les puede complicar un poco más la recuperación, justo cuando intentan mitigar su deuda después de los años de endeudamiento. La clave reside en las previsiones excesivamente optimistas en concepto de la participación de los entes locales en la recaudación de tributos estatales. «Se trata de algo regulado por la ley. El Estado da una participación pero luego se ve que la recaudación ha sido menor. Se hace un presupuesto, una previsión en base a histórico», indica un concejal de Hacienda de un ayuntamiento de Tarragona.

Pese al contratiempo, esa devolución no debe suponer un gran inconveniente para los consistorios. «Es una especie de caramelo que te dan y luego te quitan, pero no son cantidades muy elevadas y son fácilmente asumibles, sobre todo porque es a diez años», cuenta el concejal, que pese a eso añade: «Eso sí, si ese dinero con el que contabas finalmente no te llega podrías estar incidiendo en un posible déficit, aunque como gestor tú ya sabes que puede ocurrir algo así con ese ingreso. Las cantidades oscilan entre los 142,44 euros que debe devolver La Febró a los 1,5 millones de Tarragona, pasando por los 433.554 euros de Tortosa, los 267.198 euros de Vila-seca o los 228.162 de Salou.

De esta forma, las medidas de sostenibilidad financiera diseñadas por el Gobierno contemplan un régimen especial de reintegros de dichos saldos deudores, que podrán fraccionarse en un periodo de diez años. El objetivo es flexibilizar las devoluciones de las entidades locales, habilitando el mismo procedimiento que para las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. Habrá un plazo de devolución de 120 mensualidades.

Sólo 16 municipios se librarán de devolver dinero a Hacienda, debido a que la liquidación ha resultado igual a cero. Es el caso de Alió, Ascó, Conesa, Figuerola del Camp, Forés, Masllorenç, Maspujols, Passanant, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, Porrera, La Secuita, La Torre de l’Espanyol, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll y Vinyols i els Arcs.

No es la primera vez que desde Madrid se comete un fallo de cálculo, a veces a favor y otras en contra. En 2012 pasó al contrario. El Ayuntamiento de Tarragona recibió casi 1,5 millones y el de Reus alrededor de un millón de euros después de efectuarse la liquidación. En lo que atañe al resto de consistorios, el Estado les tuvo que devolver una cantidad global mínima, de 36.054 euros.

En 2009, las cantidades que las diferentes poblaciones tuvieron que devolver fueron mayores que las de esta última liquidación. Así, el Estado reclamó aquel año 6,7 millones de euros al Ayuntamiento de Reus y 10,3 al consistorio de Tarragona. Al resto de ayuntamientos de la provincia se les reclamó un total de 22 millones.