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Las grandes concesionarias y constructoras han vuelto a insistir en la necesidad de cobrar peajes en todas las carreteras de alta capacidad, no sólo en las autopistas. Y, según su propuesta de ayer, con una vuelta de tuerca en cuanto a la factura a pagar respecto a la que efectuaron en el otoño de 2018. Si entonces se planteó un peaje de tres céntimos el kilómetro para los turismos y catorce para los vehículos pesados, ayer, Julián Núñez, presidente de Seopan, la patronal del sector, habla ya de nueve céntimos y de 19, respectivamente.
Núñez explicó esta sustancial diferencia aludiendo a su intención de plantear un «debate de máximos», que coincide con la media de los peajes que se pagan en los países europeos. Porque, afirmó, esta discusión «seguramente» formará parte de la más amplia que el Ministerio de Transportes pretende abrir para redactar la Ley de Movilidad.
El peaje que propone la patronal de la construcción sería aplicable sobre los 14.130 kilómetros de autovías titularidad de las Administraciones Públicas. Núñez alega que España concentra el 73,5% de la red de autovías libres de peaje europeas. Y que si bien en 23 países europeos tienen tarificada la totalidad de su red viaria, en España, sólo el 17% de las carreteras son de pago. «En 2018, Alemania aumentó su red de peaje, y eso que tuvo un superávit presupuestario récord», aseveró Julián Núñez.
Porque Seopan también ha realizado los cálculos del impacto que en las cuentas públicas tendría que en todas las vías de alta capacidad haya que pagar peajes: Hacienda ingresaría en concepto de IVA, IBI y Sociedades casi 4.700 millones de euros al año, a los que habría que sumar los 850 millones públicos que se ahorrarían cada ejercicio en conservación de la red viaria. A esas cantidades habría que incorporar los 104.000 millones de euros en que la patronal de la construcción cuantifica lo que el sector privado pagaría al Estado en concepto de la concesión si ésta durara 25 años.
Esta última cantidad es prácticamente calcada a los 103.000 millones de euros en los que Seopan ha cifrado las necesidades de inversión de España en la próxima década para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto aquéllos en los que las infraestructuras tendrían que estar involucradas, como para reducir la mortalidad en las carreteras; la mejora de la calidad del agua y los saneamientos o para combatir la sequía y las inundaciones.
