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Los economistas reclaman que las pensiones mínimas suban con el IPC

Fedea cree necesario 'blindarlas', al tiempo que aboga por limitar la pérdida de poder adquisitivo para el resto y jubilarse aún más tarde

J.A Bravo

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Los jubilados ven cómo sus pensiones apenas se revalorizan según transcurren los años. FOTO: LLUÍS MILIÁN/DT

Los jubilados ven cómo sus pensiones apenas se revalorizan según transcurren los años. FOTO: LLUÍS MILIÁN/DT

Puño de hierro en guante de seda. A la vista del consenso de los economistas parece claro que «la esencia» de las reformas realizadas en 2011 y 2013 en el sistema público de pensiones debería ser intocable si se quiere asegurar su sostenibilidad -derogarlas, argumentan, costaría 5,3 puntos anuales del Producto Interior Bruto (PIB)-, al menos a medio plazo. Ello, sin embargo, no impide que también aboguen por «blindar» de alguna forma las prestaciones mínimas, las más débiles.

Y el mejor medio para ello, según los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), es volver a vincular las pensiones más bajas a la evolución de la inflación. De esta manera, cuando el Indice de Precios de Consumo (IPC) superase la revalorización anual mínima que contempla la ley (0,25%) para aquellas, también subirían en la misma proporción (por ejemplo, un 1,6% si tomásemos el dato de 2016). «No hay margen para volver a la indexación en todas las prestaciones -señaló ayer Angel de la Fuente, director de Fedea-, pero al menos en la mínima sí». Según las cuentas que hacen en esta asociación, el coste de aplicar dicha medida, incluso ya desde 2018, resultaría asumible porque supondría en torno a un 0,4% del PIB, lo que supone algo más de 4.000 millones. Dicha suma se podría obtener con tributos adicionales o bien elevando un 6% la recaudación del impuesto de la renta (IRPF), objetivo que ve «aceptable».

El principal pero a esa medida sería más bien de orden moral, pues los economistas admiten que rompería el principio de contributividad que, entre otros, rige el sistema de pensiones; según ese precepto, el dinero percibido por un jubilado debería aproximarse lo máximo posible a lo que aportó durante su vida laboral. «Ese riesgo existe», admitieron desde Fedea tras presentar un nuevo informe sobre el tema, porque «no hay ninguna medida perfecta» pero, a su juicio, se trata de elegir «entre distintos males» y ver la compensación.

Por ello, desde la fundación abogan por limitar de forma general para los pensionistas la segura pérdida de poder adquisitivo conforme al modelo actual. Así, con un horizonte de revalorizaciones anuales de solo el 0,25%, calcula que para 2060 dicha merma respecto a la evolución de los precios puede llegar al 30%. «No sería bueno que ellos carguen con todo el riesgo de la inflación», y por eso aconsejan que se estudie un porcentaje tope de cuánto sería admisible.

Otra de las sugerencias que hacen los expertos para que los grupos parlamentarios las consideren, dentro de la propuesta de reforma de las pensiones sobre la que están trabajando -a presentar en junio-, es dar otra vuelta de tuerca al aumento de la edad de jubilación, en línea con lo ya pedido por el Banco de España. «Es algo bastante lógico teniendo en cuenta la evolución de la esperanza de vida o el momento en que se entra ahora en el mercado laboral», aducen aunque no lo ven urgente.

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