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«La situación es insostenible. Vamos directos a la ruina. Teníamos la esperanza de que con el toque de queda nos dejaran abrir. Aguantar 15 días ya ha sido mucho. Los 40 millones de euros de ayuda para todos no dan ni para pagar un recibo», admite Javier Escribano, presidente de la Associació d’Empresaris d’Hosteleria de Tarragona ciutat. El panorama para el sector es desolador: «Muchos negocios aguantaron en verano pero nos enfrentamos a un invierno sin haber podido ahorrar. Nos encaminamos a perder la Navidad, sin cenas de empresa… No sabemos cuánto vamos a poder aguantar. Y seguimos pagando hipotecas, alquileres, luz, agua… Nos cierran todo pero eso sigue contando».
La restauración se resigna a la prolongación del cierre. La ampliación hasta las 23 horas para el envío a domicilio no alivia, aunque lo cierto es que una buena parte del motor económico tiembla de miedo y preocupación ante las pérdidas que generan las nuevas medidas aprobadas ayer por la Generalitat por la emergencia sanitaria.
El Govern de la Generalitat aprobó cerrar el perímetro de Catalunya durante 15 días y, además, en este periodo habrá un confinamiento perimetral de todos los municipios durante los fines de semana, para intentar no solo aplanar la curva de contagios sino conseguir reducirla de los más de 5.000 casos diarios a un millar.
El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, y los consellers de la Presidencia, Meritxell Budó; Salud, Alba Vergés, y de Interior, Miquel Samper, dieron a conocer ayer los detalles de este cierre, amparado por el estado de alarma aprobado también ayer en el Congreso de los Diputados.
Además del cierre perimetral y municipal de fines de semana, el Govern ha acordado la suspensión de las actividades culturales, de restauración y las extraescolares, y de todos los establecimientos de más de 800 metros cuadrados, excepto si son de alimentación o servicios esenciales, como las farmacias. Estas medidas y otras se han aprobado ante la gravedad de la situación epidemiológica también en el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre que, a diferencia de la primera ola, no se escapan otra vez de los estragos provocados por la Covid-19.
La consellera Vergés alertó de que si no se consigue «un parón social» en los próximos 15 días habrá unas 900 personas en estado crítico en las UCI, una cifra que podría elevarse a 1.500 en un mes. A su juicio, los hospitales y CAP de Catalunya están mejor preparados ahora que en marzo, cuando irrumpió la primera ola del coroanvirus, y tienen garantizados los equipos de protección individual, pero llegar a las citadas cifras supondría paralizar la atención del resto de patologías, algo que se quiere evitar a toda costa.
Acusan a la Generalitat de arruinar a las familias
El impacto económico, más allá de las restricciones de movilidad, será, de nuevo, alto. La Federación catalana de asociaciones de actividades de restauración y musicales (Fecasarm) ha elevado a 1.800 millones de euros las pérdidas de la restauración debido a la prórroga del cierre de bares y restaurantes anunciada por el Govern. La federación explica que si se suman a las pérdidas acumuladas por el sector de la restauración y del ocio nocturno desde la salida del primer estado de alarma éstas superan los 4.000 millones de euros. Por ello, ha acusado a la Generalitat de menospreciar y arruinar a miles de familias que viven de ambos sectores, y de actuar «en todo momento de manera improvisada, ineficaz y de mala fe». Cree además que los 50 millones de ayudas para reforzar la restauración, la estética, el ocio nocturno, parques infantiles y otros establecimientos afectados, también anunciados ayer, son una cantidad «insignificante».
Para el secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas, no se pueden aprobar medidas restrictivas por valor de 1.800 millones de euros y aprobar medidas de ayuda por valor de 90 –en referencia a la suma de los 40 millones iniciales y los 50 nuevos– a repartir con muchos sectores.
Pere Aragonès anunció la movilización inmediata de más de 300 millones de euros para ayudas directas a los sectores más afectados y atender problemáticas sociales derivadas de la crisis.
Pimec ha asegurado que entiende las nuevas medidas pero aleta de que más de 19.500 empresas están en riesgo de cerrar, lo que representaría la pérdida de 73.500 puestos de trabajo. La patronal ha manifestado que las nuevas medidas de contención tienen un impacto directo sobre 65.000 empresas, 245.000 trabajadores y 70.000 autónomos, por lo que reclama que se concreten, se amplíen y se ejecuten «de manera inmediata medidas compensatorias» para los sectores de la restauración, el comercio, la estética, la cultura y el deporte.
El cierre de los centros comerciales y de las tiendas que no sean de alimentación de más de 800 metros cuadrados también tiene afectación en nuestras ciudades. Desde el Parc Central de Tarragona y La Fira Centre Comercial de Reus prefirieron no hacer ninguna valoración oficial sobre esta medida a la espera de que salga publicada en el Diari Oficial de la Generalitat.
Otros de los establecimientos afectados es El Corte Inglés de Tarragona. Fuentes de la empresa explicaron al Diari que desde que se decretó el estado de alarma en marzo han optado por no entrar a valorar las decisiones tomadas. Están a la espera de la publicación del DOG para ver cuál es la capacidad que tienen de apertura, al margen del supermercado y la parafarmacia, teniendo en cuenta que los comercios de hasta 800 metros cuadrados pueden abrir.
