Los pisos turísticos ilegales invaden toda la costa de Tarragona

Desde un estudio de estilo rústico con piedra romana en su interior en Tarragona a un loft hindú cercano a Poblet, pasando por miles de apartamentos en primera línea de playa, en lugares como Salou o Cambrils, pero también en la capital tarraconense; desde un ático para cuatro personas en Calafell, a una habitación individual en Reus. Tampoco faltan las ofertas en el interior: un chalet en una urbanización de L’Albiol o una casa de campo en Rasquera.

Los anuncios de viviendas turísticas en la provincia proliferan en portales como Homeaway o Airbnb, en el ojo del huracán. Las administraciones estrechan el cerco a los pisos turísticos ilegales, buena parte de ellos anunciados en esas plataformas de economía colaborativa, con el gigante Airbnb como la de más peso.

El Ayuntamiento de Barcelona encabeza la cruzada contra pisos turísticos no declarados. El consistorio de Ada Colau ha anunciado sanciones de hasta 600.000 euros, mientras que durante el mes de julio, en pleno apogeo vacacional, ordenó cerrar 256 viviendas. Mientras, Airbnb ha anunciado su intención de recurrir todas las sanciones que imponga el consistorio, ya que, según sostiene la compañía, se responsabiliza a la marca de infracciones cometidas por terceros.

Media oferta no declarada

Desde hace tres años y hasta hoy, en la provincia se han regularizado 13.484 alojamientos, 10.950 de ellos en el Camp de Tarragona y 2.534 en las Terres de l’Ebre, según el Departament d’Empresa i Coneixement. La Generalitat, impulsora de este plan, calcula que más de la mitad de la oferta no está declarada. En su balance, Joan Calvet, presidente de la Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre, radiografía: «Lo hecho hasta ahora no puede ser nunca suficiente, cuando la Generalitat calcula que un 50% no se ha legalizado, y siendo optimistas. Quizás la oferta ilegal puede ser, incluso, superior. Nunca se ha hecho una investigación profunda del porcentaje de esta competencia desleal».

Salou, como epicentro de la Costa Daurada, se lleva la palma de viviendas fuera de la ley que han pasado a estar regularizados: 4.088. En las Terres de l’Ebre, destacan municipios como L’Ametlla de Mar, con 1.042 alojamientos. En algunos casos se trata de bloques enteros de pisos o de viviendas en urbanizaciones.

A pesar de esas regularizaciones, numerosas poblaciones siguen teniendo disponibles viviendas (o parte de ellas) para alquilar en la red fuera de la legalidad. Alquilar una casa a turistas es legal. Sin embargo, es necesario pedir una licencia al consistorio para inscribirse en el registro, algo que muchos aún no han hecho.

Obligaciones de la legalidad

Después vienen otras obligaciones: habilitar teléfonos de atención inmediata, garantizar el mantenimiento de la vivienda o facilitar a la Policía datos del viaje de las personas alojadas, que deben abonar el impuesto sobre las estancias. Cualquier apartamento turístico que se anuncie en una web debe llevar el correspondiente número de registro. Entre los anuncios con ofertas de Tarragona que se pueden hallar en Airbnb figuran centenares que son para el arrendamiento de una habitación, una modalidad que, por ahora, es ilegal en Catalunya.

La batalla sigue en marcha. Internet ha cambiado la modalidad de contratación y ha hecho que el sector hotelero considere competencia desleal este nuevo negocio impulsado bajo el paraguas de la economía colaborativa. Airbnb defendía que, como intermediario, actúa en favor de las familias de clase media que quieren tener un complemente o a su sueldo y criticaba las regulaciones en Catalunya por ser «arcaicas». Tanto la crisis como la proliferación de agencias ‘on line’ han provocado que estos departamentos abunden cada vez más, sobre todo en zonas turísticas.

 ‘Es un problema enquistado’

Mientras, diversas entidades del territorio piden una mayor implicación. «Nos afecta sobre todo al sector de los apartamentos turísticos pero, por extensión, a todo el ámbito del alojamiento. Vemos que es un problema enquistado. Pedimos medidas efectivas», indica Joan Calvet, que diagnostica la situación:«Seguimos como siempre. Sí que es verdad que con la última ley de Turismo (159/2012), el proceso para regularizar es más ágil, pero da la sensación de que siempre nos regularizamos los mismos, los que ya lo estábamos y queremos trabajar bien».

Aún quedan asignaturas pendientes: «Se ha avanzado mucho en la detección de oferta ilegal en internet pero aún falta mucho para hacer a pie de calle, y en los lugares donde no se publicita de forma tan visible esta oferta». El sector reclama procesos de inspección y sanciones. «Hay que actuar más a pie de calle. Hay mucha oferta ilegal bien visible. Hay trabajo por hacer pero hasta que no se empiecen a poner sanciones y se les dé visibilidad, la concienciación tendrá poco efecto». Salou se antoja el ejemplo más paradigmático, como sostiene Calvet:«En el Ayuntamiento tienen registrados 4.088 apartamentos o viviendas de uso turístico. No creemos que esa sea la cifra real de oferta que hay en Salou».