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La página de descargas Series.ly acaba de retirar millones de enlaces ilegales. Como ella, otras plataformas similares se han esmerado en los últimos días de 2014 y estos primeros de 2015 en eliminar cualquier rastro de enlaces a contenidos que no cumplían los derechos de propiedad intelectual. La decisión obedece a la obligación de cumplir con la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor el 1 de enero de 2015 y que ya está provocando un auténtico terremoto entre los internautas, que han estallado en críticas y quejas.
El Gobierno de España aplica mano dura y amenaza a internet con nuevos cierres de webs y la eliminación masiva de enlaces, de manera que muchos consumidores de películas, series de televisión, música y libros gratis en la red ya no podrán acceder a nuevos contenidos. Antes de la retirada de archivos por parte de Seriesly, el mes pasado, se detuvo a los creadores de Series Pepito y Películas Pepito y se cerró la web Magnovideo, una página de visionado ‘on line’ que alojaba series y películas sin autorización.
Páginas reconvertidas a foros
El 1 de enero cerró la página PapyRefb2 de descarga de libros. Desde entonces ha quedado reducida a un simple foro, en el que se ha eliminado el acceso al apartado de descargas. Y, así, una sucesión de sitios que han bajado la persiana:Desdeunlugarmejor, Multifriki, Infoaliment o Planetaludico son otros ejemplos. Siguiendo la estela de Series.ly, el tracker Elite Torrent tomó una decisión similar: suprimir todos los enlaces a archivos *.torrent de su página web. La página seguirá abierta reconvertida en portal de información de series y películas, al que añadirán nuevas funcionalidades próximamente.
Es una arista más del largo alcance que tendrá esta reforma, aprobada por el Gobierno sin consenso y ferozmente criticada por la oposición y por diferentes sectores. Es, a todas luces, una legislación polémica. Para el Gobierno supone un gran paso en la lucha contra la piratería, la protección de los creadores culturales en la red y la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor. Sin embargo, para los detractores esta nueva regulación sólo obedece a los intereses de las multinacionales del audiovisual y, en su gran repercusión, acaba por criminalizar los enlaces no autorizados aunque hayan sido colgados por los usuarios y no tengan un objetivo de rendimiento económico.
El aumento de las multas entra en vigor hoy mismo, 5 de enero. La ley establece sanciones de hasta 600.000 euros para las páginas web que tengan como principal actividad facilitar de manera masiva la localización de contenidos piratas e incumplan los requerimientos de retirada de los contenidos declarados infractores. También se multará a los prestadores de servicios de intermediación que se nieguen a suspender el servicio a la web infractora.
Diez días de margen
La norma establece que, después de la denuncia por parte del titular de los derechos de autor, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual solicitará al responsable de la web la retirada del contenido ilegal. Si en diez días no se produce la retirada, esta sección podrá solicitar la colaboración de los intermediarios para que suspendan el servicio. La negación a colaborar con la Sección Segunda se considerará también una infracción.
La cruzada antipirateo se verá reforzada por la reforma del Código Penal, todavía por aprobar, que castigará con hasta seis años de cárcel estos delitos. Este endurecimiento de la ley ha sido aplaudido por entidades como la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) y la Coalición de Creadores (una plataforma que agrupa a empresas del cine, la música, el videojuego y el libro). A su vez, expertos y agrupaciones de internautas ven las nuevas medidas como una criminalización de una actividad desarrollada por millones de personas en todo el mundo y valorada por ellos como un intercambio entre usuarios finales, la esencial del P2P. Desde la FAP, se está a la expectativa de cómo se articulará la regulación. «Las leyes en sí mismas no protegen la propiedad intelectual pero si ésta se aplica bien, puede ser un muy buen punto de partida, aunque ya dijimos en su momento que no es la Ley que esperábamos porque se quedaba corta en muchas cosas», sostiene el José Manuel Tourné, director de la FAP.
Para los detractores, la ley no aclara si se perseguirá también al usuario final del producto. «No es cierto que los enlaces sean subidos por los usuarios. Son los propios administradores los que, con sus identidades como usuarios, van a la sala de cine y graban la película. Cuando un usuario sube un enlace, basta con dirigirte a él para que lo retire. Estamos hablando de cosas distintas», afirma Tourné.
¿Y los usuarios finales?
Lo cierto es que el redactado abre la puerta a estirar el concepto de ‘infractor’ (de ‘pirata’) prácticamente a cualquier ciudadano que tenga de un sitio web y facilite enlaces a contenidos no autorizados, incluso si no los ha colocado el responsable (por ejemplo, si aparecen en comentarios de sus lectores). En principio, los usuarios finales que se descargan algo no deberían verse afectados si no tienen ánimo de lucro, aunque hay abogados expertos en nuevas tecnologías sostienen que la ley puede ser un primer paso de cara a perseguir después a los usuarios que bajan contenidos.
Según Tourné, en España se consumen ilegalmente un 84% de los contenidos de internet. Aunque la ley está ya en vigor, hay agregadores y páginas de descarga que aún no han realizado ningún cambio y siguen operando con normalidad. Así, Menéame admite que está a la espera de ver si está afectado o no y que si es así recurrirá a la justicia. Bing News, el Google News de Microsoft, también funciona como hasta ahora. En descargas, sitios como Por Descarga Directa, Series Danko o Punto Torrent no han anunciado ninguna decisión y siguen abiertos como de costumbre.
