'Me cuesta mucho subir los cuatro pisos de casa, no tengo ascensor'

Julia, de 88 años, se acerca renqueante a su portal de la calle Arquitecto Gaudí, en el barrio tarraconense de Sant Salvador. Vive en un quinto piso –aunque en realidad son cuatro pisos de altura porque el bajo consta como primer–. Abre el portal y enfila la escalera, que se convierte en una pequeña odisea diaria.

«Me cuesta subir mucho los cuatro pisos. ¿Un ascensor? Ufff –suspira, como si fuera el sueño imposible de toda su vida–. No tenemos. Siempre me ha gustado subir y bajar, pero ahora no puedo», dice antes de enumerar sus problemas físico. Julia baja a hacer la compra y a llevar o recoger a sus nietas del colegio.

El de Julia es uno de los más de 16.000 pisos de la demarcación –2.500 de ellos en Tarragona ciudad– que antes del 4 de diciembre de este año deberían hacer las obras pertinentes para ser completamente accesible. Ese día entra en vigor el decreto de 2006 promulgado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero que establece que en ningún inmueble del Estado puede haber problemas de movilidad para discapacitados o gente mayor.


La normativa se incumplirá
Numerosos edificios no podrán cumplir la normativa. En muchos inmuebles antiguos es físicamente imposible construir un ascensor o incluso instalar una plataforma salvaescaleras. Una solución –si el consistorio lo permite– sería un elevador externo, pero la inversión requerida es de tal magnitud que los vecinos no la pueden asumir.

El control de que se cumpla la normativa corresponde a los repectivos servicios de vivienda de las comunidades autónomas. Si un vecino lo exige, la comunidad debe hacer las obras, pero el proceso es muy largo.

Los cascos antiguos –como la Part Alta o el barrio del Port en TGN– o los barrios construidos con rapidez para acoger las oleadas inmigratorias –como Bonavista o Sant Salvador– son los de más dificultades de accesibilidad.

Los problemas se extienden –casi increíblemente– a edificios mucho más nuevos, que, aunque cuentan con ascensores, no son accesibles desde la calle en silla de ruedas porque hay escalones. Muchos edificios ya han habilitado plataformas salvaescaleras o similares o han construido rampas para ajustarse a la legalidad.

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitèctes Tecnis i Enginyers d’Edificació de Tarragona aporta consejos en su web de cómo hacer accesibles los edificios. Jordi Roig, vocal del colegio, advierte que los trabajos de adaptación los ha de realizar un técnico especialista porque se corre el riesgo de que no se ajuste a la ley. «Nosotros luchamos contra el típico paleta de la comunidad que construye la rampa por su cuenta», explica gráficamente.

El coste de hacer accesible varía desde los 3.500 euros que cuesta una silla salvaescaleras a los 75.000 a los que se dispara un ascensor. En todo caso, el colegio ofrece la posibilidad en su web www.apatgn.org de presentar tres presupuestos diferentes.

El 30 de enero, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, aseguró que el Gobierno del PP iba a destinar 2.300 millones de euros en los próximos cuatro años a financiar obras de accesibilidad.

Quien ya hizo obras en su día fueron los residentes del portal de al lado de donde vive Julia. Rosario, una vecina, avanza por una espectacular rampa y dispone de un ascensor en casa. «Pusimos el ascensor los vecinos. Nos hacía falta. Había mucha gente mayor», dice. «Ahora vivimos mucho mejor», concluye orgullosa.