Montoro presenta las cuentas con guiños a pensionistas, funcionarios y rentas bajas

Los Presupuestos de 2018 llegaron ayer al Congreso cargados de guiños a pensionistas, funcionarios y contribuyentes con rentas más bajas.

Unas cuentas públicas que incluyen medidas de revalorización salarial, alzas de prestaciones y rebajas fiscales por valor de 3.800 millones con las que el Gobierno estima que se beneficiarán 13 millones de personas y con las que espera atraer los apoyos parlamentarios que hoy todavía le faltan.

Eso sí, su objetivo sigue siendo cumplir con el objetivo de déficit pactado con Bruselas. Esto supone un ajuste de unos 10.000 millones en 2018.

Y el Ejecutivo espera hacerlo con la contención del gasto público en términos de PIB y unos ingresos récord que ya han despertado dudas.

Acompañado de toda la plana mayor del Ministerio, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, desgranó durante más de dos horas y media las «bondades» de unos Presupuestos que presenta con más de seis meses de retraso.

Montoro resaltó el aumento del gasto social hasta los 196.782 millones, un 2,8% más que el año anterior

De hecho, estas partidas suponen el 56% del total del gasto, algo lógico si se tiene en cuenta que sólo las pensiones representan el 40,9% del gasto presupuestario (144.835 millones) y que este año se han incrementado en 5.000 millones.

«El objetivo es propiciar el crecimiento económico y en especial que llegue a todas las capas de la sociedad», defendió el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal.

La revisión al alza del crecimiento económico da margen al Gobierno para aumentar partidas que afectan a colectivos como los pensionistas y los funcionarios, con un importante peso electoral. 

Sin embargo, el Gobierno mantiene que el incremento de estas partidas es «coherente» con la senda de consolidación fiscal. De hecho, las cuentas contemplan que el gasto público representa el 40,5% del PIB, lo que supone una reducción frente al 41% de 2017 y la cifra más baja desde 2007.

También es muy inferior al 45,3% registrado en 2011 cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Sin embargo, Montoro rechazó que ese descenso suponga un ajuste. «La política del PP no son los recortes, sino la moderación del gasto», señaló. 

Por su parte, los ingresos en 2018 alcanzarán el 38,3% del PIB frente al 37,9% de 2017. Es la cifra más elevada desde 2018. El Gobierno confía en que la mejora de la economía se traslade en un incremento de la recaudación del 6% hasta lograr la cifra récord de 210.015 millones. En este apartado destaca la rebaja del IRPF para las rentas hasta 18.000 euros.

Algunas instituciones como la CEOE o el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) ya han calificado de «optimistas» estos ingresos. 

Deuda autonómica

Otro de los puntos importantes es que las comunidades autónomas recibirán 4.000 millones más por la actualización del sistema de financiación y las corporaciones locales, otros 248 millones. Además, los Presupuestos autorizan al Gobierno para que «aprueben incentivos» que afecten a la deuda de las comunidades contraídas a través del FLA.

Sin embargo, Montoro no detalló si consistirá en una rebaja de los intereses o alargamiento de los vencimientos, aunque sólo podrán acogerse las regiones que cumplan los objetivos de estabilidad.

Otra partida que crece de forma significativa son las inversiones, muy castigadas durante la crisis.

De hecho, los recursos en infraestructuras aumentan un 16,5% hasta los 5.676 millones. También se elevan un 8,3% las partidas para I+D+i hasta los 7.044 millones.

El gasto en Educación sube un 3% y las becas crecen en 50 millones. En Sanidad los recursos se elevan un 3,9%, aunque el grueso del gasto en esta materia corresponde a las comunidades. 

En cualquier caso, los Presupuestos no tienen garantizado el respaldo en el Congreso. Por eso Montoro no dudó en apelar a la «responsabilidad» de los grupos políticos para aprobar las cuentas públicas.

Algo complicado ante la negativa del PNV a apoyarlos por la situación en Catalunya.

Sin embargo, en caso de que los Presupuestos no salieran adelante el Gobierno todavía se guardaría un as en la manga al poder aprobar algunas medidas como la subida del sueldo de los funcionarios o la revalorización de las pensiones más bajas mediante decretos.