Piden 46 años de cárcel para un monitor de un gimnasio por abusar de menores

La fiscalía reclama una pena de 46 años de cárcel para un monitor de artes marciales de un gimnasio de Salt (Girona) acusado de abusar sexualmente de ocho menores de entre cinco y quince años entre 2016 y 2017 con la excusa de "favorecer la elasticidad" o ayudarlas a "relajarse".

La Audiencia de Girona ha empezado a juzgar este lunes a puerta cerrada a este procesado, Narciso P.F., de 41 años y vecino de la capital gerundense, que ha negado los cargos, mientras que su abogado ha solicitado la absolución. La petición del fiscal se argumenta en seis años de prisión por cada uno de los siete delitos continuados de abuso sexual a menor de dieciséis años que aprecia y cuatro años por otro pero sin reiteración.

En la sesión de este lunes del juicio han declarado dos de las víctimas, tres madres y la abuela de una de ellas. Según la acusación, el procesado, desde fecha no determinada pero en primavera de 2016, prevaliéndose de su condición de monitor principalmente de kárate y 'kick boxing', sometió a las menores a tocamientos sin utilizar violencia o intimidación. El caso se destapó porque una de las niñas dijo que no quería ir más a artes marciales y explicó a su familia que el monitor, "sensei" en la terminología japonesa, le hacia masajes en los genitales para que se "relajara".

Denunciaron los hechos ante los Mossos d'Esquadra el 15 de diciembre de 2017 y, durante las dos primeras semanas de enero de 2018, otros siete casos salieron a la luz. El monitor fue detenido y, el 8 de enero de 2018, el juzgado de Instrucción número 2 de Girona autorizó la entrada y registro de las zonas privadas del gimnasio. En la mochila del acusado, que permanece en prisión provisional desde esa época, encontraron un bote de aceite de masaje y otro de vaselina hidratante que utilizaba presuntamente para llevar a cabo los tocamientos.

A parte de la privación de libertad, el fiscal pide que el acusado no se pueda acercar a menos de doscientos metros de las víctimas durante ocho años, que se le prohíba trabajar en cualquier oficio que implique contacto con menores durante cinco años y libertad vigilada durante diez. En concepto de responsabilidad civil, se reclama una indemnización global de 39.000 euros, 6.000 euros para media docena de las niñas, y 2.000 y 1000 euros para las otras dos. Una de las dos abogadas que ejercen la acusación particular se ha mostrado confiada en que el peso de las declaraciones de las niñas y su veracidad sea determinante para conseguir una sentencia condenatoria.