Prisiones de pesadilla en Brasil

El sistema penitenciario del país está marcado por la violencia, el hacinamiento y la incapacidad de las autoridades para atajar un problema que se cobra un número enorme de muertes

19 mayo 2017 19:13 | Actualizado a 21 mayo 2017 17:24
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«Es desgraciadamente común en Brasil que ocurran motines y tiene mucho que ver con el hacinamiento del sistema, lo que genera una situación de falta de control por parte de las autoridades», señala el investigador de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz.

Muñoz se refiere a los motines registrados este año en un solo fin de semana en cinco cárceles del estado de Ceará que se cobraron la vida de 18 reclusos, en su mayoría aún no identificados porque sus cuerpos quedaron calcinados por los incendios que se desataron en las revueltas.

El hacinamiento, continúa, es uno de los factores desencadenantes de la mayoría de los motines en un sistema penitenciario colapsado, con una población carcelaria de 622.200 personas pero con capacidad solo para 371.884 plazas, según el último informe del Ministerio de Justicia.

Casos de canibalismo

De acuerdo con el investigador español numerosos presidios están sometidos al control de organizaciones criminales cuya «rivalidad» genera situaciones «espeluznantes» y provoca un «número enorme de muertes» e incluso algún caso de «canibalismo». Una de las situaciones más graves, recuerda, se produjo en una prisión del estado de Maranhao, donde durante un enfrentamiento entre bandas, «mataron a una persona, la desmembraron y cocinaron ciertas partes de su cuerpo», comentó Muñoz. El experto documentó la existencia, en presidios del estado de Pernambuco, de los llamados ‘llaveros’, presos que dirigen el interior de las cárceles en connivencia con las autoridades.

«La superpoblación tal vez sea el mayor de los problemas, porque lleva a las rebeliones que producen violencia, secuestros y muertos», concordó el exdiputado Domingos Dutra. En 2011, el entonces diputado por el Partido de los Trabajadores, defendió en la Cámara Baja un proyecto para la creación de un Estatuto Penitenciario Nacional que acabó enterrado en el limbo legislativo. Dutra defiende desde hace años que la adopción de medidas que alivien la situación de hacinamiento y mejoren las condiciones de vida en los presidios no sólo «beneficiaría» a los presos sino que redundaría en una caída de la criminalidad en el país. «El sistema carcelario brasileño está podrido. Es una fábrica de criminales, de la que las personas salen peor de lo que entraron», denunció Dutra.

En similares términos se expresó Ilona Szabó, directora ejecutiva del Instituto Igarapé, un ‘think tank’ con sede en Río de Janeiro, que tiene como objetivo la integración de los planes nacionales de seguridad, justicia y desarrollo.

«En presidios dominados por la principal facción criminal paulista, es la propia facción quien se encarga de las familias de los presos», afirmó Szabó, quien añadió que esta situación provoca que «ante la falta de Estado, aparecen los criminales» de forma que, cuando salen, esos reos no tienen «otra opción que pagar su deuda».

En Río de Janeiro se encuentra el Complejo Penitenciario de Gericinó, popularmente conocido como Bangú, que agrupa un total de 26 prisiones, entre ellas el presidio Laércio da Costa Pellegrino, de máxima seguridad, compuesto por cuatro galerías separadas, en la que hasta 48 presos cumplen períodos de aislamiento por causas disciplinarias.

Allí, cada una de las tres principales organizaciones criminales de Río de Janeiro –Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos– tiene su propia galería, como reconoció a Efe el responsable de la Secretaría Estatal de Administración Penitenciaria de Río de Janeiro (SEAP-RJ), el coronel Erir Ribeiro Costa Filho.

«Existe una cierta explotación de otros presos, sí; pero también son ellos los que más combatieron la violencia en el sistema penitenciario. Si no fuera por esas facciones criminales, tendríamos mucha más violencia en los presidios», reconoció el padre Valdir João Silveira, coordinador nacional de la Pastoral Carceária, una institución que lleva años denunciando esta situación.

Elaine, una mujer de mediana edad que visita regularmente a su marido, que cumple cinco años de condena en Bangú, coincide con Silveira. «Los presos se respetan entre sí», asegura.

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