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Punto de no retorno

El Gobierno español garantiza que convertirá en papel mojado la hoja de ruta secesionista. El Govern de la Generalitat rechaza las ´amenazas´ y exige ´respeto por la democracia´

Nuria Vega / EFE

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El president en funciones y líder de CDC, Artur Mas, durante su comparecencia del pasado viernes en el Parlament para defender el sistema de adjudicación de obra pública. Fotos: EFE

El president en funciones y líder de CDC, Artur Mas, durante su comparecencia del pasado viernes en el Parlament para defender el sistema de adjudicación de obra pública. Fotos: EFE

No se repitió la secuencia del 9 de noviembre de 2014, cuando el ministro de Justicia compareció frente a un micrófono pegado con celo para tachar la convocatoria de «simulacro inútil y estéril». Una vez registrada ayer la propuesta de Junts pel Sí y la CUP para iniciar el proceso hacia una república independiente en Catalunya (ver texto de la página 3), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decidió tomar las riendas y no esperar tres días para reaccionar como ocurrió el año pasado.

La cercanía de las elecciones no deja esta vez margen para los titubeos. De ahí que Mariano Rajoy necesitase ‘sólo’ dos horas para plantar cara a los secesionistas con la advertencia de que ante su «provocación» el Estado «no renunciará al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos en defensa de la soberanía del pueblo español».

Sus palabras redirigieron todos los focos hacia el artículo 155 de la Constitución, el mismo que permite, entre otras medidas, la suspensión de la autonomía para garantizar que Catalunya cumpla la ley española. Pero la declaración del presidente estaba conscientemente medida para dejar vía libre a la imaginación sin desvelar hasta dónde prevé llegar por ahora el Gobierno para dejar «sin efecto» los desafíos rupturistas. «Todos los mecanismos son todos», repetían fuentes del Ejecutivo tras la intervención de Rajoy. Pero en su planteamiento «proporcional», una intervención tan extrema sólo se contempla como último recurso.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, consideró que la aplicación del artículo 155 de la Constitución «no conviene ni interesa a nadie», pero advirtió de que hay líneas rojas que no se pueden traspasar. «La prudencia, el sentido común no debe hacer posible que se tenga que llegar a una solución así, que ni conviene ni interesa a nadie, pero hay líneas rojas que no se pueden traspasar y una de ellas es pretender romper la unidad de España», sostuvo.

Ya se prepara la impugnación

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció, por su parte, que el Gobierno impugnará cualquier texto del Parlament que, por razones jurídicas, y no políticas, incumpla la Ley, como ya hizo en 2013 con el decreto que fijaba una consulta para el 9 de noviembre.

Antes que aplicar el artículo 155, hay una serie de recursos previos que el Gobierno piensa agotar. En primer lugar, el PP catalán presentará en el Parlament un escrito llamado «de reconsideración» para que la Mesa estudie si cabe tramitar una propuesta que aboga por declararse en rebeldía ante el Estado. Mientras, el Gobierno ya ha enviado a sus servicios jurídicos el texto de Junts pel Sí y la CUP por si se pudiese frenar su moción independentista de manera inmediata. Aún así en el Ejecutivo reconocen que hasta que no sea aprobada por la Cámara catalana y tenga, por lo tanto, consecuencias jurídicas, poco se podrá hacer.

Ese será el momento en el que el Gobierno impugnará la declaración secesionista ante el Tribunal Constitucional. «Por algo reformamos su funcionamiento», explican fuentes del PP. La modificación impulsada por el Ejecutivo otorga al tribunal la capacidad de actuar contra los cargos públicos que incumplan sus resoluciones, con la posibilidad de llegar incluso a la inhabilitación de los mismos.

El Constitucional deberá identificar, sin embargo, a la persona o personas que opten por saltarse los pronunciamientos judiciales. Y en este caso, fuentes de la Moncloa llaman la atención sobre el hecho de que en Catalunya, hoy por hoy, ni tan siquiera se ha constituido un Gobierno con el que mantener una interlocución.

Rajoy estuvo ayer en contacto con sus adversarios políticos. Tras la llamada que recibió del secretario general socialista, Pedro Sánchez, el presidente se puso en contacto con el líder de Ciudadanos para informarle del mensaje político que estaba a punto de lanzar desde la Moncloa. Con ambos, según fuentes del Gobierno, acordó abrir una «vía directa de diálogo» y coincidió en los «principios generales» ante el desafío catalán.

Réplica del Govern

La vicepresidenta y portavoz del Govern, Neus Munté, exigió ayer a Rajoy «respeto por la democracia y por la libertad de expresión», y rechazó sus «amenazas» por la resolución independentista.

Minutos antes de la comparecencia de Rajoy tras la presentación de la propuesta de resolución de JxS y la CUP, en la que se declara «solemnemente» el «inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república», sin supeditarse a lo que pueda decir un Tribunal Constitucional (TC) «deslegitimado», Munté expresó su aval al texto acordado.

De Rajoy, el Govern «sólo espera respeto por la democracia y la libertad de expresión», puesto que «los Parlamentos democráticos tienen la función de canalizar los mandatos democráticos».

Según Munté, «precisamente eso es lo que quiere hacer el Parlament», tras unas elecciones catalanas del 27 de septiembre que otorgaron la mayoría absoluta de escaños a dos candidaturas independentistas como Junts pel Sí y la CUP.

En el transcurso de la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, Munté fue conociendo los mensajes lanzados por Rajoy. Para Munté, las palabras de Rajoy representan una «amenaza explícita» que «no es propia de un gobierno ni de un estado democrático». Tales declaraciones se explican, a su juicio, porque Rajoy «ha entrado en campaña electoral» y sabe que «determinados discursos y tonos en relación con Catalunya tienen rentabilidad electoral».

Después de que JxS y la CUP obtuviesen la mayoría absoluta de escaños en el Parlament, según Munté, el camino independentista dispone de «legitimidad democrática», de manera que la resolución no se puede entender como una «provocación» sino como el «cumplimiento de un mandato democrático».

Pese a que la resolución pactada por JxS y la CUP establece que el proceso hacia la independencia «no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional (TC)», a quien consideran «deslegitimado», Munté subraya que el Govern debe «cumplir la legalidad que emana del Parlament». «Estamos convencidos de actuar dentro de la legalidad, la legalidad no es única», reflexionó la vicepresidenta del Govern.

La resolución de JxS y la CUP prevé que en un plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública.

Munté calificó de «imprescindibles» estas estructuras de Estado «para poder avanzar» hacia la independencia y dio a entender que el actual Govern en funciones «está en disposición de continuar con los trabajos preparatorios» de estas leyes.

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