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El Ayuntamiento de Salou, en colaboración con la Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre, ha decidido apostar por la mano dura contra los apartamentos turísticos irregulares. El consistorio está llevando a cabo este verano una campaña de inspección para localizar pisos turísticos sin licencia y que no estén en los registros oficiales municipales de la Generalitat.
La capital de la Costa Daurada es una de las poblaciones más afectadas de la provincia e, igual que Barcelona, ha decidido poner coto a estas prácticas, que cada vez proliferan más al amparo de las agencias ‘on line’ que las ofertan y que ponen en contacto, a modo de red social, a propietarios y usuarios.
El ayuntamiento sostiene que, con esta medida, pretende que «aflore la mala praxis de los propietarios que no están debidamente regulados y consecuentemente realizan una actividad ilegal, incumpliendo con los deberes de fiscalidad, como el pago del IVA o la recaudación de la tasa turística. Se trata de una oferta desleal que no da un mínimo servicio de calidad y que perjudica la imagen del sector y de la población».
‘Erradicar esta práctica’
Las sanciones que podría imponer el consistorio oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros aunque, de entrada, multar no es la primera opción:«Queremos erradicar esta práctica y por eso lo que hacemos, cuando detectamos un establecimiento que no está registrado, le decimos al propietario que tiene que cumplir la normativa. Debe ir al ayuntamiento y registrar su piso, un procedimiento rápido y sencillo. Ese número de referencia que le dé la Generalitat será la clave para poder ofrecer su inmueble. Primero hacemos una advertencia. En el caso en que se no corrija la irregularidad, se podría iniciar un procedimiento sancionador», explica Toni Brull, concejal de Hacienda en Salou, que añade:«Que nadie vea ningún tipo de afán recaudatorio. Simplemente trabajamos para hacer cumplir la normativa». En el último trimestre se legalizaron 86 pisos más, hasta pasar los más de 4.000 en total, según cómputos del ayuntamiento.
El consistorio reclama la colaboración ciudadana para detectar estos pisos irregulares. «No podemos destinar de momento tantos medios como puede hacer la Generalitat. Por eso es necesaria la concienciación de la gente y la colaboración», admite Rull, satisfecho con la implantación de estas medidas de regulación que «combaten la economía sumergida».
