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Habrá cambios que deroguen la normativa laboral, pero no supondrán un borrón y cuenta nueva respecto a la reforma en vigor desde el año 2012. Es la interpretación que se sustrae de las medidas palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó ayer en el Congreso para referirse a la polémica. No pronunció el término «íntegra», como incluía el pacto entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para sacar adelante el estado de alarma la semana pasada. Lo que hará el Ejecutivo será «recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral» del Gobierno de Mariano Rajoy, según indicó Sánchez; y ayudar a «reconstruir los consensos sociales rotos, como el diálogo social», destruido por «la anterior Administración».
El nuevo Estatuto de los Trabajadores, por el que aboga el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, no supondrá un punto y aparte de la actual normativa. Incluso el vicepresidente, Pablo Iglesias, habló de un «desmontaje» de la norma, aunque insistió en que es favorable a la postura de EH Bildu. En ningún momento de su intervención ante la Cámara Baja, Pedro Sánchez se refirió a una derogación completa.
El coste del despido improcedente, de 33 días por año trabajado, no está sobre la mesaSí recordó que en febrero el Gobierno anuló a posibilidad de despedir por acumular bajas de enfermedad, tras una sentencia del Constitucional. También en lo relativo al acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al mes para este año. O a la extensión de los ERTE hasta el 30 de junio. Son tres pruebas de que, a su juicio, se ha recuperado el diálogo social roto por el anterior Ejecutivo «como consecuencia de la unilateralidad» aplicada.
Sánchez insiste en que su compromiso está plasmado «en el programa electoral, en el acuerdo de gobierno y en el debate de investidura». Ese texto hace mención a medidas concretas como las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo tras la finalización de su vigencia hasta acordar uno nuevo; la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales; limitar las subcontratas; y evitar que una empresa aplique un descuelgue salarial si hay crisis. Pero las cuestiones más espinosas, como el coste del despido (33 días por año trabajado en salidas improcedentes) no están encima de la mesa.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también aclaró los términos en los que se realizará esa derogación de la reforma laboral. De sus palabras no subyace que el Gobierno vaya a tomar medidas en pocos días, cuando comiencen e vencer las actuaciones extraordinarias en vigor por la crisis de la pandemia, como indicaba el acuerdo con EH Bildu. Díaz reivindicó en el Congreso el diálogo social y el «lugar central» que deben jugar sindicatos y patronales. Llamó a los partidos a aprender de estas organizaciones y de los acuerdos alcanzados. «Aprendamos del diálogo social y permitamos que nuestro país afronte esta crisis con la serenidad y la cautela que se merece», apuntó. En esa negociación, no obstante, no participan ahora los empresarios, después de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, mostrara sus discrepancias con el acuerdo sobre la reforma laboral de días pasados al tacharlo de «gran irresponsabilidad».
