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Sánchez rechaza hablar con Torra mientras no repudie la violencia

Reclama una «condena rotunda» del president, que le reprocha en una carta que el jefe del Ejecutivo en funciones se niegue a hablar con «el representante de los catalanes»

R. GORRIARÁN/C. REINO/EFE

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El ministro Marlaska se reunió con el conseller Buch y con los representantes de la Cecot.  dalmau/efe

El ministro Marlaska se reunió con el conseller Buch y con los representantes de la Cecot. dalmau/efe

Pedro Sánchez ni coge el teléfono cuando llama Quim Torra. El president reclamó ayer «día y hora» para hablar con el presidente del Gobierno en funciones sobre el conflicto político. La respuesta de la Moncloa fue un frío y escueto comunicado. El desplante irritó a Torra, que horas más tarde envió una carta a Sánchez en la que se quejó de que se negara a «hablar con el representante de los catalanes». También reprochó a Sánchez sus exigencias de condenas a la violencia porque «no me tiene que dar lecciones a mí de condenar y luchar contra la violencia». Negarse a dialogar, prosiguió el president, es «una irresponsabilidad absoluta» y demuestra que «no tiene ningún relato político ni ninguna propuesta para Catalunya».

Por la mañana, desde el gabinete del president llamaron a sus homólogos en Madrid. La respuesta fue que Sánchez estaba reunido y no podía ponerse al teléfono, pero que a lo largo de la tarde devolvería la llamada.

Después, la Moncloa emitió una nota en la que se insta al president a «condenar rotundamente la violencia, cuestión que no ha hecho hasta el momento». Las palabras de Torra de repudio al vandalismo son insuficientes a ojos del Gobierno. «La violencia nunca será nuestra bandera. Hacemos una llamada a la responsabilidad conjunta. Ninguna forma de violencia nos representa», dijo el president en una declaración institucional. Eso, a ojos de la Moncloa, no es una condena «rotunda».

Para la Moncloa, Torra está amortizado, y su presencia en la Generalitat es «el problema». Mientras tanto, el Gobierno mantiene discretos canales de comunicación con los republicanos a través del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. Los socialistas, sin embargo, no se olvidan de que les tumbaron los Presupuestos, lo que condujo a elecciones.

Marlaska visita a los policías

Ambos ejecutivos se enzarzaron ayer a cuenta de la actuación de la Policía Nacional en los disturbios. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, instó al Ejecutivo central a que obligue a sus cuerpos policiales a que «actúen con criterios de proporcionalidad». El soberanismo y los comunes acusan a la Policía Nacional de «brutalidad», de ser la gasolina del conflicto. Aragonès reclamó además al Gobierno que impida el uso de balas de goma, a pesar de que el sindicato SAP-FEPOL de los Mossos d’Esquadra, que tienen prohibidos estos proyectiles, señaló que los proyectiles viscoelásticos (foam) les resultan «insuficientes e inútiles» a la hora de dispersar multitudes.

El Gobierno, en cambio, defendió a la Policía Nacional de forma cerrada. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, salió públicamente en apoyo del cuerpo y además reforzó su respaldo al visitar en Barcelona en el hospital a los agentes que han resultado heridos en los enfrentamientos.

El ministro lamentó asimismo las heridas sufridas por los manifestantes, y, aunque rechazó detallar un perfil concreto de los activistas, manifestó que «el hecho de que el independentismo violento está detrás [de los disturbios] es algo evidente».

Marlaska, que se reunió con el conseller d’Interior Miquel Buch, defendió que los agentes de la Policía Nacional han actuado con criterios de «proporcionalidad» y cumpliendo con los protocolos homologados internacionalmente. «Todas las democracias tenemos que afrontar problemas de orden público. Y damos respuesta en términos de Estado de derecho», señaló. Negó además que la Policía esté «desbordada» pese a la «grave» situación de orden público.

El ministro lamentó los destrozos en unos 264 vehículos oficiales (43 de los Mossos, y 221 de la Policía Nacional), 171 de ellos el viernes, así como «numerosos daños en instalaciones policiales y en mobiliario público y privado».

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