«Sí, es cierto que el PP valenciano se financió con dinero negro»

Una «profunda reflexión» con su familia, en especial con su mujer, que le ha acompañado desde el primer día del juicio, llevó ayer a Ricardo Costa a cambiar su estrategia en el juicio por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana.

Las declaraciones previas de Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez, ‘el Bigotes’, no dejaban otra salida al ex secretario general del partido entre 2007 y 2009 que asumir unos hechos por los que se enfrenta a siete años y nueves meses de prisión. Costa, de 45 años, decidió contar su verdad.

Señalado por su responsabilidad en los pagos en B de las campañas electorales de 2007 y 2008, se convirtió en un arrepentido de ‘Gürtel’.

«Sí, es cierto que el PP (valenciano) se ha financiado con dinero negro», aseguró. «Yo me entero en 2005 que las campañas las pagan empresarios que han recibido adjudicaciones de la Generalitat (valenciana).

Era un sistema de financiación preestablecido porque la gerente (del partido) Cristina Ibáñez (acusada en la causa) me comunica que el vicepresidente del Gobierno Víctor Campos ingresaba dinero en efectivo de empresarios en sucursales del Santander de Valencia por un máximo de 3.000 euros ya que la ley de partidos no permitía realizar donaciones anónimas superiores a esa cantidad», declaró.

Mención a Bárcenas

«Campos (que no está acusado) me muestra en su despacho unos sobres con dinero en efectivo de los empresarios. Me dijo que es un encargo de Francisco Camps (expresidente) y del entonces consejero Juan Cotino (expresidente de las Cortes Valencianas y ex director general de la Policía)», añadió Costa, que precisó que comentó estas circunstancias al extesorero nacional Luis Bárcenas y éste rechazó, dijo, ese modo de financiación. «No queremos un Filesa II en el PP», le respondió.

Esta mención generosa sobre Bárcenas coincide con el ‘olvido’ de Costa sobre la posible malversación que podrían haber incurrido los empresarios financiadores a cambio de recibir contratos amañados. Un delito que en el caso de alcanzar a Camps no estaría prescrito, al menos para la campaña electoral de 2008.

Costa relató que en las municipales de 2007 se pagó dinero negro en sobres para la campaña de la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, a través de Piaf para la alcaldía de Castellón (Alberto Fabra) y, por último, en Elda para la candidata del PP Adela Pedrosa. Tanto Fabra como Pedrosa son hoy senadores.             

En su declaración de tres horas, pidió también perdón a la sociedad española, a la valenciana y a su familia por las consecuencias de sus revelaciones.

«Soy consciente –manifestó– de lo que estoy diciendo y de las repercusiones. No he denunciado este tipo de actuaciones en mis años de trabajo público y quiero manifestar mi arrepentimiento».

Juzgado por delitos electorales y falsedad documental continuada, afirmó que el entonces presidente Camps era quien tomaba «las decisiones más importantes» y quien decidió encargar los actos electorales a la filial valenciana de ‘Gürtel’, Orange Market, controlada por ‘el Bigotes’.