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Tarragona, Reus, Tortosa, Calafell, El Vendrell y Salou están entre los 60 municipios catalanes que, tras la aprobación el miércoles en el Parlament de la nueva ley, no podrán elevar el precio de los alquileres.
La norma, como ya informó en su edición de ayer el Diari, obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con «tensión residencial» de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedan exentos los arrendadores «vulnerables», los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.
La norma, que según el Sindicat de Llogaters beneficiará a cinco millones de personas, pretende facilitar el acceso a la vivienda. Considera «áreas con un mercado de vivienda tensionado» las que cumplan uno de estos tres requisitos: que el precio de los alquileres presente un crecimiento sostenido notablemente superior a la media catalana, que los arrendatarios tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar las mensualidades, y que el alquiler haya subido tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.
Además, por tanto, y según una información elaborada por El Español, la norma aprobada repercute directamente en las cuatro capitales de provincia catalanas. El precio medio del alquiler en la ciudad de Tarragona al cierre de agosto, según los datos de Idealista, fue de 8,1 euros/metro cuadrado.
Los municipios que completan los 60, por orden alfabético, son los siguientes: Badalona, Barberà del Vallès, Blanes, Calafell, Castellar del Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Figueres, Gavà, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manlleu, Manresa, Martorell, el Masnou, Mataró, Molins de Rei, Montcada i Reixac y Montgat.
La lista continúa con Olesa de Montserrat, Olot, Palafrugell, Pallejà, Pineda, El Prat de Llobregat, Premià de Mar, Reus, Ripollet, Rubí, Sabadell, Salou, Salt, Sant Adrià de Besos, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de la Mogoda, Sitges, Terrassa, Tortosa, El Vendrell, Vic, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú y Vilassar de Mar.
La Associació de Propietaris d’Habitatges en Lloguer (Asval) lamentó ayer la aprobación de la ley catalana de regulación de los alquileres, al considerar que es «una medida populista que no solucionará nada y generará efectos contrarios al deseado», que es facilitar el acceso a una vivienda. Según Asval, la Administración debería ofrecer una solución habitacional a las personas más vulnerables mediante un sistema de ayudas, y ofrecer un marco legislativo más seguro a los propietarios de pisos.
Sobre la norma catalana pende la espada de Damocles de un recurso de inconstitucionalidad. Si el Gobierno central toma la iniciativa, la norma quedará suspendida una vez se admita a trámite el recurso; si quien recurre contra la norma es un grupo parlamentario, como el PPC, que ya ha anunciado que lo hará, seguirá en vigor hasta que el TC resuelva.
