Tarragona ha perdido 314 oficinas bancarias y vuelve a niveles de 1981

Es el signo de los tiempos. Allí donde hace poco había un banco se levanta hoy un kebab o una tienda de compraventa de oro. En el peor de los casos queda un local vacío con un cartel de ‘se alquila’. Hallar una sucursal bancaria en Tarragona es cada día más complicado. La reestructuración del sistema bancario, que ha comportado la fusión o absorción de multitud de entidades, ha derivado en despidos masivos y en una reducción drástica de la red de oficinas que, de paso, ha modificado la geografía urbana y complicado la cotidianeidad al ciudadano.

En el último año se han perdido 24 oficinas, pasando de 547 a las actuales 523, según los últimos datos del Banco de España. Hay que remontarse a los años 80, en concreto a junio de 1981, para detectar en la provincia un número más bajo: 517. Los ajustes aún no han terminado. BBVA, tras la absorción de CatalunyaBanc, está en pleno proceso de recolocación de empleados y redefinición de la red de sucursales, por lo que la cifra puede aumentar.

El número de oficinas en Tarragona tocó techo en septiembre de 2008, justo cuando la burbuja inmobiliaria y financiera estaba a punto de explotar: ese mismo mes quebró el banco Lehman Brothers, en lo que se considera el pistoletazo de salida a la crisis. Por entonces, había 837 bancos en las comarcas tarraconenses. Son 314 más que ahora o, lo que es lo mismo, en estos siete años la provincia ha perdido un 37,5% de las oficinas bancarias que tenía.

En toda España la reducción ha sido igualmente intensa: desde 2008 se han cerrado más de 14.000 oficinas, lo que supone alrededor del 31% de la red que existía hace siete años. Se ha pasado de 45.707 sucursales a 31.623. De la misma manera, se ha evolucionado de los 1.003 habitantes por sucursal en 2007 a los 1.386 actuales. Lo que parecía un proceso finalizado tras haberse saneado el sector, sobre todo en el ámbito de las cajas, se ha vuelto a reactivar. La presión de los mercados para que la banca obtenga más rentabilidades ha reavivado los cierres desde al año pasado.

Un proceso aún no concluido

El Banco de España, en el Informe de Estabilidad Financiera de mayo, advierte de la necesidad de recortar gastos. Además, pide una «reflexión estratégica» sobre el modelo de negocio que es sostenible a medio plazo y la «combinación óptima» de empleados y oficinas que se necesita para alcanzar esa sostenibilidad.

Asimismo, el organismo admite que los ajustes «han acercado la banca española a los parámetros mayoritariamente vigentes» en los países de su entorno. Sin embargo, el supervisor señala que aunque la brecha con otros países se ha reducido ostensiblemente, «el sistema bancario español es el que todavía tiene más oficinas por habitante».

El ciudadano, en tanto que consumidor y cliente, no es ajeno a la nueva situación. «Estamos en una concentración mucho más grande del mercado. Las cinco primeras entidades controlan el 55% del pastel. Por eso tienen más margen para hacer lo que quieran. Comenzó Caixabanc implantando una comisión de dos euros. Ahora lo quiere hacer el BBVA y el Santander lo está estudiando», denuncia el tarraconense Àlex Daudén, coordinador de Adicae (Asociación de usuarios de bancos y Cajas de Catalunya).

«La atención al cliente ha quedado perjudicada. El consumidor ha notado el aumento de comisiones y el que lee los periódicos se da cuenta de que las cifras de las entidades financieras que hay son cada vez mejores», explica el economista Rafael Muñoz, del gabinete de estudios de la Cepta.

La Confederación Empresarial de la Província de Tarragona, en un informe de 2013, ya alertaba de la gravedad de la situación y hablaba de que la reconversión en Catalunya había sido «singularmente dramática por la importancia que las cajas de ahorro autóctonas tenían en la configuración de la oferta financiera».

«Llegó un momento en el que había un exceso de oficinas, sobre todo en la época del boom inmobiliario, entre 2002 y 2006. Las entidades financiaban la construcción de un edificio, se quedaban con los bajos del bloque y abrían una oficina. Se produjo el boom de las cajas, con la paradoja de que aparecieron en Tarragona nombres como Caja Duero, Caja Astur o Caja Granada. Ahora el Banco Central Europeo pide a España un nuevo proceso de fusión del que van a quedar tres grandes grupos: CaixaBanc, Santander y BBVA»», cuenta Rafael Muñoz.

Àlex Daudén añade: «Lo que ha sucedido era algo planificadísimo. Con los cambios legislativos de los años 80 se permitía a las cajas de ahorro poder operar más allá de su ámbito territorial. Pero es a partir del año 2000, con la colocación masiva de productos tóxicos, cuando abandonan su esencia, que es la intermediación entre el ahorro y el dar crédito desde una perspectiva de proximididad, tal y como se habían construido cajas centenarias».

La consecuencia de esas 314 oficinas borradas del mapa en la provincia se palpa. «Hay un problema de exclusión financiera. Se ha dejado a pueblos enteros incluso sin cajero automático, sin poder acceder a un servicio básico», diagnostica Daudén.

El crédito ‘facial’

Muñoz agrega: «Estábamos acostumbrados a una atención muy personalizada, en la que el empleado llamaba a su cliente por nombre y apellido. Hemos pasado de ese servicio bancario a una banca mucho más comercial, donde los márgenes y los productos no son sólo financieros puros como créditos e hipotecas, sino productos de seguros o planes de pensiones. En Caixa Tarragona el crédito se podía considerar prácticamente facial porque te conocían la cara. Ahora es una cosa mucho más fría. El ordenador es el que ve tu nivel de riesgo, te conviertes en un algoritmo, donde tú eres un conjunto de datos que van a decir si podrás devolver el préstamo».

La presencia de colas, el desvío a cajeros y a operaciones en internet forman parte de la tónica. «La oferta se reduce mucho más y acabas sólo pudiendo funcionar prácticamente con tres entidades. La que sale perdiendo es la señora María, que iba al mostrador a sacar dinero y se tuvo que adaptar al cajero. El problema llegó cuando se politizaron las cajas y se comenzó a actuar más por criterios políticos que por profesionales», resume Rafael Muñoz. El informe de la Cepta añade algunas cifras de la magnitud de la reconversión: «La provincia ha pasado de disponer de 31 entidades bancarias de origen español a 13, en una reducción de la oferta sin precedentes».

Esa reducción de entidades de alrededor del 60% en Tarragona conlleva problemas de competencia denunciados en reiteradas ocasiones por la Cepta: «La mediana empresa está comprobando que el coste de la escasa financiación disponible se ha incrementado de manera extraordinaria y que los servicios bancarios se están encareciendo».

«Ni siquiera ha habido debate público sobre la reconversión», se queja Àlex Daudén, que añade otra derivada: «La privatización de las cajas de ahorro que no tenían propietario y han pasado a los bancos ha comportado la privatización absoluta de la obra social, un patrimonio de todos los impositores».