Tarragona y Reus deberán tener zonas de bajas emisiones en 2023

Las ciudades de más de 20.000 habitantes con una calidad del aire deficiente también estarán obligadas a implantarlas

04 septiembre 2021 07:00 | Actualizado a 04 septiembre 2021 15:46
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Tarragona y Reus deberán contar con zonas de bajas emisiones de CO2 en el año 2023. Así lo obliga la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el pasado mes de abril por el Congreso de los Diputados, y que supone un ambicioso plan –en connivencia con las Comunidades Autónomas– para intentar reducir de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hasta ahora son cinco las ciudades españolas que han implantado estas zonas (Barcelona, Madrid, Sevilla, Valladolid y Valencia), pero a partir del 2023 tendrán que sumarse todos aquellos municipios con más de 50.000 habitantes y los de más de 20.000 si su calidad del aire es deficiente. En el caso de la provincia de Tarragona, entre estos últimos podrían verse afectados El Vendrell, Cambrils, Tortosa, Salou, Calafell, Valls, Vila-seca y Amposta, siempre que su aire sea de mala calidad.

Una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es un área delimitada por la que no pueden circular todos aquellos vehículos considerados contaminantes, es decir, que no cuentan con la etiqueta de la DGT. Se trata de turismos de gasolina anteriores a la norma Euro 3, matriculados antes de enero de 2000, y los vehículos diésel anteriores a la norma Euro 4, matriculados antes del 2005 o 2006. La restricción también afecta a las furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 (previas a la entrada en vigor de la normativa Euro 1) y las motos y ciclomotores matriculados antes de enero del 2003 (anteriores a la normativa Euro 2).

En el caso de Barcelona, la Zona de Bajas Emisiones se puso en marcha en enero de 2020, aunque hasta septiembre de ese mismo año no se empezaron a poner las primeras multas a los vehículos más contaminantes que circulan por esa zona restringida, que oscilan entre los 100 y los 1.800 euros.

Recortar las emisiones de CO2

El objetivo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es recortar en el año 2030 al menos el 23% de las emisiones de CO2 respecto a los niveles de 1990. Para ello se han establecido diversas medidas en el terreno de la movilidad.

El plan diseñado por el Gobierno culmina en 2050, año en el que se ha fijado para que España alcance la neutralidad climática, es decir, que los gases de efecto invernadero sean iguales o menores a los que se eliminan a través de la absorción natural del planeta.

La ley también contempla que a partir de 2040 no se puedan vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos de gasolina, diésel e híbridos no enchufables.

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