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El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha expresado su «seria preocupación» al Estado por la baja inversión que España realiza en protección de la infancia, y que «ha sido inadecuada para paliar el impacto negativo de la grave crisis económica y social que comenzó en 2008, incrementando los niveles de pobreza y desigualdad».
Es una de las conclusiones del informe sobre el cumplimiento en España de la Convención de los Derechos del Niño que la ONU ha enviado al Gobierno tras examinar sus políticas con una sesión en Nueva York el pasado 22 de enero.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, denuncia «el impacto negativo de los recortes en inversión pública para la implementación de la Convención, particularmente en niños con discapacidades o en situación de marginalidad (...) y especialmente en educación, sanidad, vivienda y protección social».
«El Comité está seriamente preocupado porque los indicadores de exclusión social, pobreza y desigualdad se han incrementado mientras la inversión en medidas de protección social de la infancia continúan muy por debajo de la media europea», señala el documento.
Dice que resulta «además preocupante» el impacto «negativo» que ha tenido la crisis económica en los sistemas de protección social, que han resultado insuficientes para responder con prestaciones a los niños y sus familias, «especialmente en el nivel autonómico».
Hay «casos de niños viviendo en chabolas e infraviviendas, especialmente de la etnia romaní y de origen migrante»Es por ello que el Comité urge a España a tomar medidas para que todas las comunidades autónomas realicen una evaluación integral de las necesidades presupuestarias de la infancia a fin de redistribuir los recursos para responder correctamente a los derechos de los niños e incrementar los destinados a educación y provisión de servicios públicos.
Quiere que el Estado simplifique los procedimientos para que las familias con niños en situación vulnerable puedan acceder a una adecuada protección social en formas diversas, «como ayuda económica o servicios de acompañamiento», que se incremente el personal que recibe y tramita estas solicitudes, aumente la inversión pública para estos fines y también la provisión de viviendas y servicios básicos.
Partidas en los presupuestos
En esta línea, pide al Ejecutivo que adopte una perspectiva de infancia en la elaboración de los presupuestos públicos, con partidas concretas niños en situación de especial vulnerabilidad que además, estén blindadas, de modo que se mantengan aún en caso de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias.
La Plataforma de Infancia en España dice que comparte la preocupación del Comité por el impacto de los recortes y piden al Gobierno que «aumente los recursos destinados a infancia hasta alcanzar la media de la Unión Europea del 2,4% del PIB».
«Además, es necesario que este aumento de recursos se garantice a través de un acuerdo político en el marco de un Pacto de Estado por la Infancia» explica el presidente de la entidad, Adolfo Lacuesta.
El informe ofrece observaciones en diversos ámbitos relacionados con los derechos de la infancia, como la protección de los menores extranjeros no acompañados, para quienes urge el cese de las pruebas indiscriminadas de determinación de la edad.
