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La Dirección General de Tráfico (DGT) ya está harta tras años de discusiones y supuestas excusas increíbles. Las órdenes firmadas por la máxima responsable del departamento, María Seguí, son tajantes: no se quita ni una multa más a los conductores de los vehículos de matrículas reservadas -con el indicativo luminoso encendido o no- si éstos no consiguen acreditar de forma fehaciente que aquel límite de velocidad que se saltaron a la torera, que aquel semáforo en rojo que ignoraron o que aquella maniobra prohibida fue en cumplimiento de una misión especial y que las infracciones estaban plenamente justificadas por un «servicio prioritario».
Seguí ha dicho basta con una polémica instrucción, la 16/S/141, a la que ha tenido acceso este periódico. En esas cinco páginas que han levantado ampollas en las fuerzas de seguridad, Tráfico deja claro que no está dispuesto a tragarse más mentiras de los conductores que usan esa matrículas sin propietario para creerse al margen de las normas de seguridad vial. Estas matrículas ‘secretas’, de las que hay varios miles en la calle, son utilizadas por motivos de seguridad o para encubrir a ‘agentes de incógnito’ de la Policía Nacional; Guardia Civil; policías autonómicas; miembros del Defensa o del CNI, ministerios; autoridades del Estado y de las comunidades autónomas, y por algunos civiles con trabajos sensibles para la seguridad del Estado.
La nueva directiva de Tráfico es clara: si en 70 días el departamento al que pertenece el vehículo con matrícula reservada no explica la causa de la infracción habrá multa y habrá quita de puntos, ya sea un vehículo K (coche policial de incógnito) o del vehículo oficial del presidente del Gobierno.
A modo de ejemplo, la directiva cita que solo situaciones límites como «una operación de represión de drogas» o «la persecución de un vehículo sospechoso» valdrán como justificación para librarse de la sanción y la retirada de puntos.
Se acabó saltarse el atasco por el arcén sólo porque el policía de paisano llega tarde a la comisaría.
