UGT acusa al Gobierno de aprobar 'a las bravas' la reforma de la estiba

El sindicato culpa al Ministerio de Fomento de poner en marcha una "desregulación salvaje" que "acarreará altos índices de precariedad e inseguridad"

19 mayo 2017 16:14 | Actualizado a 24 diciembre 2019 23:21
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UGT ha acusado hoy al Gobierno de provocar una crisis innecesaria en el sector de la estiba al aprobar "a las bravas y sin consenso" el real decreto de reforma del sector y advertido de que aumentan las posibilidades de huelga.

El sindicato culpa al Ministerio de Fomento de poner en marcha una "desregulación salvaje" que "acarreará altos índices de precariedad e inseguridad, y cuyos máximos beneficiarios serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal".

UGT ha advertido que, con la aprobación del real decreto por el Consejo de Ministros, "el legítimo derecho a la huelga aumenta por momentos".

De cara a su posterior tramitación parlamentaria, el sindicato ha pedido a los grupos políticos que "piensen en el bien común" y "enmienden los puntos más controvertidos de este real decreto".

Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha hecho un llamamiento a los sindicatos y la patronal que "intensifiquen" las negociaciones que están llevando a cabo en el marco de la negociación colectiva sobre cuestiones como la subrogación de los trabajadores, que no tienen cabida en el decreto, pero sí en ese marco.

De la Serna ha insistido en que el real decreto se ajusta estrictamente a la sentencia condenatoria del Tribunal de Luxemburgo de diciembre de 2014, que exige liberar el sector, el único en España donde no existe la libre contratación de los trabajadores.

En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar a quién quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar.

Para eliminar las restricciones a la libertad de establecimiento de las empresas, el nuevo modelo elimina la obligatoriedad de participar en el capital de compañías y establece la libre contratación de los trabajadores que cumplan con los requisitos de capacitación establecidos (titulación académica o certificados de profesionalidad con al menos 100 jornadas de experiencia).

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