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Un auditor estudia las cuentas de las empresas constructoras del Jaume I

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes nombra a un experto para investigar la economía de la firma encargada de la obra

Octavi Saumell

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Imagen de ayer de la plaza situada sobre el párking, que tapa la visión del Rectorat de la URV. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Imagen de ayer de la plaza situada sobre el párking, que tapa la visión del Rectorat de la URV. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Finalmente, el magistrado Antoni Gambón Vilalta ha logrado nombrar a un perito que estudie la contabilidad entre las empresas que formaron parte de la firma que construyó –en parte– el polémico aparcamiento Jaume I. Según ha podido saber el Diari, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya ha designado a Ignasi Jornet Sapeira como especialista para analizar los movimientos de tesorería de la Unión Temporal de Empresas (UTE) y de los traspasos entre las dos compañías que integraron la firma: Aparcaments Municipals de Tarragona y Sistemas Alem.

Este nombramiento llega a raíz de la negativa que el juez recibió por parte de los Auditores-Interventores del Estado, que argumentaron que el análisis de la contabilidad de firmas privadas no es de su competencia, ya que este cuerpo de funcionarios de la administración central analiza los números de organismos públicos, no del sector privado.


Críticas por el coste
La entidad que llevó el sobrecoste del párking Jaume I ante los tribunales –la Plataforma Veu Ciutadana– ha introducido un documento al juzgado en el que muestra su contrariedad por el nuevo encargo que ha realizado el juez, que se suma al que ya hizo al perito Javier Vivas Morte y que supuso un gasto de 98.000 euros para las arcas públicas. «Es un auténtico despropósito utilizar recursos públicos para sufragar costosos peritajes», indica la entidad en el escrito, a la vez que insiste en que se trata de un trabajo que, a su juicio, debería llevar a cabo la Policía Judicial. «Por mucho menos, innumerables jueces de instrucción de este país recurren a diario en su auxilio para investigar irregularidades contables como las que acontecen en este caso», remarca la parte denunciante, quien pone de manifiesto que el coste que tendría para las arcas públicas «sería mucho menor» que lo que costará ahora el nuevo informe.

«Es notorio y saltan a la vista los casos en los que, precisamente, por el auxilio que la Policía Judicial presta a los jueces con sus investigadores se destapan toda clase de defraudaciones», exclama el escrito.


Lentitud judicial
Asimismo, Veu Ciutadana dispara con bala contra la lentitud del juez instructor de la polémica y , en este sentido, lamenta que el juzgado «tardó dos meses y medio para ordenar la práctica del análisis de la contabilidad de las empresas desde que así lo ordenara la Audiencia Provincial».

En sentido crítico, la parte denunciante también pone en entredicho que se ordenara el trabajo a los auditores del Estado, «cuando estos no son competentes en la materia». Por ello, recuerdan al magistrado que «ya hace cinco años que solicitamos la intervención de la Policía Judicial». Pese a ello, ahora el máximo responsable de la causa sigue sin optar por esta vía y, pese a que la Fiscalía dio en 2015 su OK para la entrada de la Policía Judicial, ahora ha encargado el informe al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

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