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La cada vez mayor presencia de Airbnb en Barcelona está suscitando problemas de todo tipo. El que más repercusión tuvo en los medios de comunicación fue el caso de la barcelonesa Montse Perez que tuvo que alquilar a través de la plataforma un piso de su propiedad en la calle del Mar para poder recuperarlo después de alquilárselo a un joven chileno-ruso que a su vez lo utilizaba como piso turístico ofertándolo para estancias temporales en Airbnb. El joven tenía que pagar 900 euros por un minúsculo piso, pero obtenía 8.000.
Lo primero que hizo Montse cuando entró en la vivienda fue cambiar la cerradura de la puerta y ‘ocupar’ el piso con la intención de no abandonarlo hasta conseguir rescindir el contrato. Un inquilino que está ‘desaparecido’ desde que ella comunicarle la intención de rescindir el contrato.
El pasado viernes Alexis Gullón, propietario de un dúplex en el Raval de Barcelona que tenía alquilado, denunció que había encontrado su piso realquilado ilegalmente, y con tres literas instaladas en el comedor. El dúplex se ofrecía en la plataforma Airbnb a 500 euros la noche para 14 personas .
Gullón ha decidido hacer público su caso porque asegura que «nadie te ayuda, ni Airbnb, ni el ayuntamiento. Parece que sólo nos dan una mano si salimos en los medios de comunicación».
El propietario dijo a la emisora RAC-1 que él ha tenido suerte «porque lo hemos podido solucionar por las buenas, porque al inquilino no le interesaba que le denunciaran».
La exigencia de Airbnb
El responsable de Iniciativas de Políticas Públicas en España y Portugal de Airbnb, Sergio Vinay, y anfitriones de la plataforma reclamaron el pasado martes una normativa clara sobre el alquiler de habitaciones, ya que para las familias representa una fuente de ingresos necesaria, según las personas que alquilan habitaciones en su propia casa.
