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La llamada inoportuna a casa para ofrecerle cualquier producto puede tener sus días contados; también las visitas a domicilio indeseadas con fines comerciales o, directamente, la publicidad masiva en su buzón. Según consta en el borrador de un anteproyecto de ley reguladora de la actividad de comercio, servicios y ferias, la Generalitat prevé prohibir la venta no deseada de productos y servicios a domicilio, ya sea mediante vendedores en persona, llamadas teléfonicas no demandadas o publicidad depositada en los buzones de la escalera.
El texto, entregado por la conselleria d’Empresa i Ocupació al Consell Assessor de Comerç, se debate ahora con entidades, sindicatos y agentes del sector comercial, aunque aún se encuentra en un estadio muy embrionario. Respecto a ello hay diversidad de opiniones. «En términos generales el proyecto nos parece bien. Existe un abuso, un descontrol y el consumidor al final recibe unos impactos difíciles de corroborar. Entiendo que hay que dignificar la venta a distancia, entrar en los domicilios», explica Miquel Àngel Fraile, secretario general de la Confederació de Comerç de Catalunya.
Molestias y reclamaciones
Fraile alude a las molestias que provocan en el ciudadano prácticas de este tipo: «Después hay muchos casos de reclamación, cogen a la gente desprevenida, sobre todo a las personas mayores en los contratos de servicios. Vale la pena que haya una mayor regulación, que se pongan una serie de condiciones y que incluso se prohíban ciertas prácticas. Se hace para proteger al consumidor y también para la leal competencia».
El texto, aún un borrador a debate que todavía no ha entrado en el Parlament, es especialmente contundente cuando habla de ‘venta de productos u oferta de servicios a domicilio’. Así, dice: «Queda totalmente prohibida la venta o el simple ofrecimiento de venta de productos o servicios mediante visitas a los domicilios privados que no hayan sido previamente solicitadas y aceptadas por sus titulares o residentes. El vendedor o proveedor del producto o servicio está obligado a acreditar documentalmente esta aceptación previa».
En esa prohibición queda incluida también la oferta mediante visitas a domicilio de «servicios inherentes a un producto previamente adquirido» o «de modificaciones y variaciones respecto a un servicio contratado». Otro aspecto que abordará la nueva legislación será el de las comunicaciones telefónicas con fines comerciales. «Queda totalmente prohibido el ofrecimiento de venta o de prestación de servicios mediante llamadas o mensajes de teléfono, tanto en fijos como móviles, que no hayan sido previamente aceptadas por los destinatarios, con independencia del lugar desde donde se realice la prueba. La persona o entidad responsable de la comunicación publicitaria está obligada a acreditar documentalmente esta aceptación previa».
‘Publicidad no, gracias’
La nueva legislación también contempla intervención en la publicidad colocada en los buzones. Si hasta ahora eran las comunidades de vecinos y los propios portales quienes colocaban avisos de ‘Publicidad no, gracias’ –enTarragona hay numerosos ejemplos–, ahora esa advertencia aislada se convertirá en norma general si finalmente prospera la ley: «Queda totalmente prohibido el ofrecimiento de venta o servicios mediante comunicaciones publicitarias a buzones de particulares con excepción de aquellas que se transmitan en un sobre o envoltorio cerrado, con indicación del nombre, apellidos y la dirección postal del destinatario y que hayan sido previamente aceptadas por este».
Ya la publicación de la ley 3/2014, del 27 de marzo, por la que se modificaba el texto de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, establecía restricciones. Instauraba que en el caso de las comunicaciones comerciales teléfonicas hay que expresar la finalidad comercial de la llamada, así como la identidad del empresario. Además, se prohibían las llamadas telefónicas para realizar ofertas comerciales entre las 21.00 y las 9.00 horas, así como en fines de semana y festivos.
Anuncios ‘invasores’
Esta futura regulación se une a la ya realizada por algunos municipios de la provincia, sobre todo en cuanto a la restricción de anuncios y folletos en los buzones de las escaleras. Valls, por ejemplo, aprobó una ordenanza municipal sobre publicidad directa a través del buzoneo debido al «uso cada vez más frecuente de la publicidad que ha invadido literalmente muchas viviendas del municipio». Se establecía, por ejemplo, la prohibición expresa de «dejar la publicidad en el suelo de los vestíbulos». Así han procedido varios consistorios tarraconenses, que han tomado esas medidas con el fin de dignificar el sector, racionalizar la actividad y reducir las molestias que puedan causar al ciudadano.
En todo caso, fuentes del Departament d’Empresa i Ocupació inciden en que el proyecto está en una fase inicial: «Estamos en una fase cero, ni siquiera se han hecho enmiendas. Se trata de un documento de trabajo. La aprobación posterior podría diferir mucho de lo que hay escrito».
En todo caso, el borrador del anteproyecto contempla incluso sanciones para los que no cumplan y detecta quiénes serán los responsables de llevar a cabo esas prácticas que, en un principio, estarán prohibidas o muy restringidas. «Se consideran responsables tanto las personas que realicen materialmente esta actividad como las personas físicas y jurídicas por cuenta de las que trabajen», establece el texto.
En las próximas semanas puede haber debate en los ámbitos comerciales, a la hora de valorar algunas de las propuestas. «No vemos bien un exceso de regulación, esa tendencia de regularlo todo. Hay que intentar no perjudicar a los ciudadanos pero si limitamos la comunicación en los buzones, también habría que hacerlo con el spam en el mail. Hay que hacer bien las cosas: sin provocar ningún perjuicio al consumidor pero a la vez sin poner puertas al campo», explica Albert Abelló, presidente de la Cambra de Comerç de Tarragona.
Mientras, numerosos ciudadanos ven con buenos ojos que, de alguna manera, se regule el ‘bombardeo’ de inputs publicitarios que sufren, tanto vía analógica como digital, algo que se podría lograr con la nueva ley de comercio que prepara la Generalitat.
