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2017 y los egos del poder

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Recuerdo que poco después de que Tarragona decidiera lanzarse a la carrera por los Juegos Mediterráneos una comitiva visitó al entonces presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetsky, para presentarle el proyecto. Fue un 23 de enero de 2008, para ser más concretos. La ciudad se apoyó desde el primer día en el Estado. Era y es imposible optar a un evento internacional de estas características sin ese sustento. De hecho las garantías económicas gubernamentales -validadas por el Senado y por el Congreso de los Diputados- fueron posteriormente clave para la concesión de los Juegos de 2017. Como lo son también para organizarlos. Ni el Estado dudó entonces, ni tampoco la Generalitat, ni la Diputació ni el Ajuntament, el resto de las administraciones públicas implicadas. A todas les encajó el reajuste presupuestario debido a la coyuntura económica. Hasta que el gobierno español cambió de color político a finales de 2011. Desde entonces el Estado es la única de las cuatro instituciones que sigue sin aportar los 15 millones de euros que le corresponden como coorganizador de los Juegos. Coorganizador, repito. Los beneficios fiscales que autorizó son una ayuda, eso está claro, pero sin el importe pendiente será imposible que los Juegos ‘hereden’ nuevas instalaciones, uno de los sentidos del evento. Quizás habría que recordarles a los dirigentes del PP que sólo con el IVA de las nuevas obras el Estado recaudaría casi nueve de esos 15 millones. Pero mientras en Madrid perduren ciertos egos del poder hay poco que hacer. O quizás sí, si antes reflexionaran sobre cuál debe ser su función pública.

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