40 años del Constitucional y 10 de la sentencia

Normalmente quien critica la vinculación del Tribunal Constitucional con el poder político nunca lo compara con nuestro entorno 

PERE LLUÍS HUGUET TOUS

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PERE LLUÍS HUGUET TOUS

PERE LLUÍS HUGUET TOUS

Estos días se han cumplido dos efemérides que afectan al Tribunal Constitucional. La primera  los 40 años desde su constitución. A pesar del tiempo transcurrido y su constante presencia en la actualidad política, son también constantes los comentarios que ponen de manifiesto el desconocimiento general de su configuración  jurídica en nuestro Estado de Derecho. 

Debemos destacar que una de las principales confusiones es, que pesar de su nombre, -en muchos países no se denomina Tribunal- no forma parte del Poder Judicial. Sus magistrados tiene un estatuto diferente al de los jueces del Poder Judicial, incluso pueden ser afiliados a partidos políticos y sindicatos, por mucho que sorprenda, ya que su incompatibilidad solo lo es de ostentar cargos directivos en los mismos y su nombramiento, mayoritariamente, es decidido por el poder político. Son nombrados cuatro por el Senado, cuatro por el Congreso, dos designados por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. 

Esta forma de elección de sus miembros ha sino cuestionada en multitud de ocasiones alegando su falta de independencia al provenir directamente de órganos políticos a excepción de los nombrados por el órgano de gobierno de los jueces. Pero, si analizamos la composición y elección de los miembros de los Tribunales Constitucionales o su equivalente en los países de nuestro entorno, veremos inmediatamente que no difieren sustancialmente con el nuestro, y ello es así por el hecho de que el Tribunal Constitucional es el máximo interprete de la constitución principal texto político de cualquier estado democrático. 

Resulta curioso que normalmente quien critica la vinculación del Tribunal Constitucional con el poder político nunca realiza comparaciones con el nombramiento en los restantes países de nuestro entorno democrático.

En Francia, en el denominado Consejo Constitucional, los miembros son nombrados por la Asamblea Nacional y el Senado y forman parte del mismo incluso los expresidentes de la República con carácter vitalicio. En Alemania los miembros de la Corte Constitucional son también elegidos por el parlamento entre el Bundestag y el Bundesrat, y así podríamos seguir en otros muchos países. 

Generalmente no se ha explicado cuál es su función, y a ella obedecen las características del nombramiento de sus miembros. El Tribunal Constitucional no imparte justicia en el término tradicional de juzgar y ejecutar lo juzgado, sino que interpreta la Constitución mediante dos ámbitos concretos: los procesos para salvaguardar las garantías individuales establecidas en la Constitución y los Tratados y los procesos de inconstitucionalidad. 

Nunca la interpretación de una sentencia ha sido más manipulada y tergiversada que la del Estatuto catalán y ¡sin haberla leído!

Para acabar de entender su configuración debemos señalar que no todos estamos legitimados para acceder a los diferentes procedimientos ante el Constitucional. Solo podrán acceder al mismo los órganos específicamente señalados en la Constitución y en su Ley Orgánica, ya que resuelve conflictos políticos entre los diferentes órganos del Estado. Solo en el ámbito de la protección de derechos individuales los ciudadanos, después de agotar todas las vías jurisdiccionales, tienen acceso por la vía del Recurso de Amparo. 

Como vemos las características difieren por su función de los Tribunales Ordinarios y, por lo tanto, el constitucionalismo moderno ha querido que los Tribunales Constitucionales de la mayoría de países democráticos entronquen el nombramiento de sus miembros con el poder político, representante de la soberanía nacional, dotándoles desde su nombramiento de independencia e inamovilidad.

La segunda de las efemérides es el cumplimiento de 10 años desde la publicación de la Sentencia del Estatuto de Cataluña que, como bien decía esta misma semana Francesc de Carreras en un artículo sobre la efemérides, «quienes no la leyeron siguen diciendo las mismas falsedades de siempre». 

Una gran mayoría de personas y personajes que han opinado durante estos últimos diez años sobre la sentencia del Estatuto, para muchos la mayor afrenta que ha recibido Cataluña del Estado y el inicio de todo lo que después ha devenido, no la han leído nunca. 

Durante todos estos años, cuando alguien me ha puesto de manifiesto la gravedad de la sentencia para los catalanes, siempre les he planteado dos preguntas, y casi siempre me han contestado lo mismo: ¿Cuántos artículos tiene el Estatuto? -Pues no lo sé – , 223. ¿Cuántos artículos declaró inconstitucionales el TC? – Pues muchos –, 14. 

Generalmente se sorprenden que solo fueran 14, e inmediatamente replican que seguro eran los más importantes. Pues tampoco, prácticamente el TC declaró inconstitucionales los mismos sobre los que el Consell Consultiu, órgano asesor de la Generalitat, indicó su dudosa constitucionalidad en su dictamen de 1 de septiembre de 2005. Pero es que además, ni siquiera eran 14 artículos completos, sino que de algunos solo fueron incisos o frases del mismo, y en otros correcciones técnicas, como la inconstitucionalidad del dictamen vinculante del Consejo de Garantías Estatutarias. 
Curiosamente, si no fuera por la Sentencia del TC sobre el Estatuto, el Procés no podría haber llegado a donde llegó, ya que los dictámenes del Consejo de Garantías fueron todos desfavorables, y solo porque la sentencia los convirtió en no vinculantes el Parlament pudo seguir adelante. 

Además, buena parte de lo declarado inconstitucional -cinco artículos de los catorce- se refiere al poder judicial, y en concreto no al hecho en sí de crear un órgano descentralizado de gobierno del mismo, sino por su errónea regulación en un Estatuto de Autonomía y no, como debería ser,  en la Ley Orgánica que regula el Poder Judicial. 
Por lo tanto, resulta difícil entender todo lo que ocurrió después de la sentencia, sino es que responde a una gran operación de manipulación que se inició al día siguiente de su publicación, en la que el presidente Montilla, que seguramente tampoco se había leído los 491 folios de la sentencia, llamó a todos los catalanes a manifestarse en contra de la misma y convocó una gran manifestación para el 10 de julio de 2006, la cual encabezó, pero de la que tuvo que salir escoltado y perseguido. 

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP pedía la inconstitucionalidad de 123 artículos, y solo se declararon 14 de 223, y en los términos antes expuestos. Por ello, solo podemos concluir que nunca la interpretación de una sentencia ha sido más manipulada y tergiversada y ¡sin haberla leído!

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