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A vueltas con el Consejo del Poder Judicial

Desde 1985, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han apartado sus diferencias para repartirse los cargos del Consejo como si fuera un cambio de cromos, con la aquiescencia de CiU y PNV a cambio de participar en el cambalache

Pere Lluís Huguet i Tous

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Pere Lluís Huguet i Tous

Pere Lluís Huguet i Tous

Seguimos a vueltas con la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ahora con dos novedades. La primera, que según el Ministro Bolaños «ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos», lo que pone de manifiesto que el Ministro desconoce nuestro marco constitucional, o simplemente que ya no saben cómo justificar la negativa a reformar la forma de elección de los vocales del CGPJ. Me inclino más a esto último, ya que el ministro tiene formación jurídica. Efectivamente, los jueces no pueden elegir a los jueces, precisamente porque no estamos hablando de elegir jueces sino vocales de su órgano de gobierno, lo que es absolutamente diferente, ya que, ni constitucional ni orgánicamente, tienen la consideración de jueces. Por otro lado, los políticos sí pueden escoger a políticos, precisamente a él lo ha elegido para ser Ministro el Sr. Sánchez, quien, sin lugar a duda, es político, al igual que lo es el Sr. Bolaños.

La segunda novedad es que ahora el PP ya no plantea, como hasta ahora, el reparto de cargos entre los partidos, sino la reforma de la Ley Orgánica que regula el Consejo para que sean los jueces quienes elijan los vocales de su órgano de gobierno. Bienvenido sea el cambio de planteamiento, la lástima es que no lo aplicara cuando gobernaba y tenía mayoría para reformar la ley.

Históricamente desde 1985, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han apartado sus diferencias para repartirse los cargos del Consejo como si fuera un cambio de cromos, con la aquiescencia de CiU y PNV a cambio de participar en el cambalache. Y poco les ha preocupado que desde 2013, reiterado en las rondas de evaluación y seguimiento de los años 2016, 2018 y 2020, el Grupo de Estados contra la Corrupción, dependiente del Consejo de Europa y conocido como informe GRECO, haya instado a España a corregir la legislación sobre la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para evitar intromisiones políticas. En concreto, el último informe dice textualmente: «El CGPJ desempeña en la toma de decisiones sobre áreas vitales de la judicatura, incluyendo los nombramientos, la promoción, inspección y disciplina relativa a los jueces, resulta crucial que este órgano no sólo sea libre sino que se vea también libre de toda influencia política», precisamente todo lo contrario de lo que han hecho los partidos de nuestro ya trasnochado bipartidismo, decidir desde el poder político quién gobernará a los jueces y quién será su presidente.

Nunca existió voluntad política de los dos partidos que han gobernado España en los últimos años de dotar de independencia al poder judicial

El legislador constitucional cometió el error de no establecer la forma de la elección de los 12 vocales provenientes de los propios jueces, remitiéndose a la regulación orgánica. La idea era buena, 12 vocales elegidos de entre los jueces, 4 por el Senado y 4 por el Congreso, estos últimos entre juristas de reconocida competencia. Este sistema dotaba de independencia al Consejo, pero también lo entroncaba en la soberanía, representada en las Cortes. Tan erróneo es un órgano de gobierno elegido exclusivamente por los jueces como uno elegido exclusivamente por el poder político, y éste era el espíritu de la Constitución con el que muy pronto terminó el PSOE.

Así en 1980 se aprobó la primera ley Orgánica en la que, de los 20 vocales, los 12 vocales judiciales eran elegidos directamente por los jueces y 8 por el legislativo –Congreso y Senado–. Pero al poco tiempo de aprobarse, y al ganar las elecciones el PSOE, el gobierno presidido por Felipe González vio rápidamente la laguna constitucional y, dada su importante mayoría parlamentaria –202 diputados–, que le permitía legislar orgánicamente sin necesidad de pactos, no dejó pasar la oportunidad de controlar el órgano de gobierno de los jueces. En 1985 modificó el sistema de elección pasando a ser el Congreso y el Senado quien elegía la totalidad de los vocales, ya fueran jueces o juristas de prestigio. Posteriormente en el año 2001, y ante el Pacto de Estado para la Justicia, ante la evidente politización del órgano denunciada desde diferentes ámbitos, se intentó suavizar la influencia del poder político en la elección con la implantación de un supuesto sistema mixto, pero en el que al final la elección seguía siendo en su totalidad parlamentaria y que fue un verdadero fracaso. La última reforma ha sido la de 2013, conocida como reforma Gallardón, que también fracasó estrepitosamente y nos ha llevado a la situación actual. Como pueden ver, las dos últimas reformas impulsadas por el PP han sido un maquillaje de la reforma que impulsó el PSOE, nunca existió voluntad política de los dos partidos que han gobernado España en los últimos años de dotar de independencia al poder judicial. Sólo la ley de 1980, promulgada con el gobierno de la UCD, tuvo claro el mandato Constitucional, el bipartidismo posterior simplemente ha utilizado sus mayorías para controlar el órgano de Gobierno del Poder Judicial. En este punto cabe señalar, al igual que lo hace el informe GRECO, que el poder judicial en España ostenta un alto grado de independencia. Los jueces solo están sometidos al imperio de la Ley, por lo que es importante diferenciar los jueces y magistrados, con un estatuto legal que protege su independencia, de su órgano de gobierno, sometido, como hemos visto, al control político.

Por último, debemos recordar que todos los partidos del arco parlamentario entraron en el reparto de sillas, recordemos cómo Unidas Podemos, ERC, PNV etc. exigían también su sillón. Todos a excepción de un solo partido, Ciudadanos, el único que se negó a entrar en la subasta de cargos en el CGPJ, cuando ya estaba cerrado el acuerdo de renovación de 2018, Ciudadanos se negó a aceptar la cuota de vocales que le correspondía elegir, perdiendo cualquier representación en dicho Consejo ‘non nato’, y ello como única forma de reforzar nuestra democracia y regenerar nuestras instituciones.

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