A vueltas con las pensiones

El reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre nuestro sistema público de pensiones ha vuelto a disparar las alarmas, que, en modo alguno, deberían cogernos por sorpresa, dado que están diagnosticadas desde los famosos Pactos de Toledo de 1995. Analicemos sus conclusiones para, después, ocuparnos del panorama que nos espera, tanto a los actuales pensionistas como a los futuros.  

La primera conclusión señala que, por la demografía de España, o aumentan los ingresos, o las prestaciones deben reducirse para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones». El hecho de que cada vez haya más gente mayor, por el aumento de la expectativa de vida (83 años) supone que, actualmente, como promedio, la pensión de jubilación se cobra durante 18 años (si bien en la práctica son más de 21 años (expectativa de vida de quién cumple los 65 años). Si aumenta la expectativa de vida, que lo hará, cada vez tendremos más gente con más de 65 años (se estima el 20% de la población en 2020). 

El gran problema, a partir de 2025

El verdadero problema para España radica en el momento en el que el boom demográfico de los años sesenta entre en el mercado de pensionistas (año 2025 y siguientes). Y si bien es cierto que no hay gente joven para reponer los trabajadores, España tiene un índice de natalidad de 1,32 hijos por mujer, el hecho de que subiera la misma tampoco sería una respuesta automática al aumento de pensionistas porque no sabemos qué capacidad de creación de empleo tendremos en 2030 cuando existan 11.500.000 de personas mayores de 65 años (a los que habría que añadir los demás pensionistas, casi 4,6 millones).

De mantenerse la actual paridad de número de trabajadores para soportar una pensión (2 a 1), se necesitarían más de 32.000.000 de trabajadores cotizando, ¿tenemos capacidad para generar tanto empleo? 

Añade el informe: «No se puede pretender que una pensión pública cubra todos los ingresos que un jubilado necesitaría. Si existe tal expectativa, tiene que dejarse claro que no puede cumplirse». El Fondo Monetario Internacional considera fundamental para el éxito de las actuales reformas y de las futuras, la transparencia y la información a los trabajadores para que puedan tomar las decisiones de ahorro óptimas.

La segunda conclusión del FMI es retrasar más aún la edad de jubilación. El organismo piensa que deberíamos seguir retrasando la edad de jubilación, probablemente aunque no lo han dicho hasta los 70 años, frente a los 67 previstos ahora.
Llegado a este punto, podemos analizar la situación en que nos vamos a encontrar.

Pérdida de poder adquisitivo

Las pensiones se revalorizan cada año, si bien el nuevo índice de revalorización condena a los pensionistas a una pérdida significativa de poder adquisitivo que en solo cinco años rondará el 10%. 

En efecto, su fórmula, que sustituye al IPC, se basa en un ajuste en función del equilibrio entre ingresos y gastos del sistema. Si hay déficit, la subida será del 0,25%, independientemente de la inflación, que se estima será del 2% anual. Dado que se prevé que el déficit continúe más allá del 2025, si tomamos como referencia ese aumento del IPC, en los próximos diez años los pensionistas perderán un poder adquisitivo, cuando menos, del 17,5%. A peor inflación y mayor número de años, mayor pérdida.  

Una merma del 30%

En este momento, y teniendo en cuenta que para el cálculo de nuestra pensión se toma en cuenta lo cotizado durante los últimos 20 años, la tasa de sustitución (la pensión) que obtenemos supone, aproximadamente, el 80% de lo que cotizamos, que no sobre el salario que percibíamos (en este caso, de promedio, llega solo al 65%). 

Cuando acabe la actual reforma, en 2025, la tasa de sustitución se situará en el 70% de lo que cotizaremos. Dicho de otra forma, nuestra pensión de jubilación llegará, en el mejor de los supuestos, al 70% de lo que hemos venido cobrando. En cualquier caso, no resulta una merma tan drástica como la de Alemania (50%) o el país que muchas veces se pone como ejemplo de sistema de Seguridad Social: Chile, en la que este año la tasa de sustitución ha llegado a un paupérrimo 32%.

El panorama no es bueno. No tan solo para los actuales y que causen pensión antes del 2025, si no, lo que es peor, si nos asomamos más allá de ese horizonte. Todas las previsiones indican que se retrasará la edad de jubilación hasta los 70 años, que se aumentará el período tomado en cuenta para el cálculo de nuestra pensión de jubilación, pasando de los últimos 25 años a lo cotizado durante toda nuestra vida laboral (tal y como se hace, por ejemplo, en Alemania o Francia), con lo que la tasa de sustitución se situará en torno al 60%, y que, previsiblemente, se endurezca el acceso a otras prestaciones (fundamentalmente la pensión de viudedad).  

Ser conscientes 

En conclusión, el informe de FMI no aporta nada nuevo sobre nuestro sistema. Probablemente lo más interesante sea su recomendación de hablar claro, de que todos los trabajadores sepamos a que nos enfrentamos y, en consecuencia, adoptemos decisiones respecto a los planes de pensiones.  

«El ahorro privado representa una fuente lógica para reemplazar la reducción de ingresos en la jubilación por las menores prestaciones de las pensiones públicas», dice el FMI, señalando que los activos de fondos de pensiones privados en España representan menos del 10% del PIB, frente al 37% de media en los países de la OCDE.

Me he manifestado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de no hacer demagogia con estos temas. Parece imposible, teniendo en cuenta que estamos frente al mayor lobby de España (los pensionistas pueden hacer ganar y perder elecciones). 
Lo que está claro es que el Gobierno (sea cual sea) debería tomar medidas para paliar y no perpetuar esta situación. Esperemos, y confiemos, en el buen hacer de nuestros gobernantes. Yo, por si acaso, hace tiempo que tengo un plan de pensiones.

*Raúl Navarro es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat Rovira i Virgili (URV). De 1996 a 2000 fue director provincial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Tarragona y de agosto de 2000 a septiembre de 2001, subdelegado del Gobierno en Tarragona.