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Opinion Editorial

Acabar con los okupas profesionales

Un pequeño propietario podrá culminar un desahucio en dos meses con la nueva ley contra los okupas.

Diari de Tarragona

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Cartel desafiador de un grupo de okupas.

Cartel desafiador de un grupo de okupas.

Uno de los fenómenos que está ocasionando graves quebrantos en nuestra sociedad es el de los okupas. En la mayoría de los casos, bajo una patina de falso progresismo y de lucha contra la desigualdad se han amparado auténticos profesionales de vivir del cuento. Muchos propietarios se ven impotentes ante la desfachatez de bandas organizadas que llegan a ocupar edificios y urbanizaciones completas. Nuestros gobernantes están obligados a mover ficha para superar las lagunas legislativas que impiden poder luchar con eficacia contra los okupas. En esta línea la Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer una proposición de ley para acelerar el proceso en casos de desahucias de viviendas ocupadas. El texto, que se tendrá que remitir al Senado, pretende proteger a los pequeños propietarios, las oenegés y a las entidades públicas propietarias o poseedoras de viviendas sociales. La medida supone una reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada. Con este cambio normativo, impulsado por el PDeCAT, se aceleran los plazos para echar a los okupas ilegales. Hasta ahora, podía alargarse hasta dos años y, en cambio, ahora se podrá culminar el desahucio en dos meses. La ley deja fuera a las entidades financieras, promotoras y fondos buitre. La diputada del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha destacado que la ley contribuye a luchar contra las mafias que se lucran y que cobran ofreciendo pisos de manera ilegal. El texto se ha aprobado por solo un voto. Ha recibido el apoyo de PP, Cs, PDeCAT y PNV y los votos en contra de ERC, PSOE y Unidos Podemos. El pleno del Congreso ya aprobó el pasado 14 de marzo –con 176 votos a favor y 162 en contra– tramitar la modificación de ley para proteger la propiedad privada de la ocupación ilegal y asegurar la disponibilidad de las viviendas destinadas al alquiler. La reforma de la ley compromete a los poderes públicos a «garantizar la protección al derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social». Esta claro que una cosa no excluye a la otra. Ya era hora.

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