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Acuerdo social en año electoral

El pretencioso pacto se limita a renovar la ayuda de 426 euros a los parados con cargas familiares y sin ingresos
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La escena fue preparada con gran solemnidad. El Gobierno, los sindicatos y los empresarios se reunieron el pasado lunes para firmar entre flashes un pretencioso pacto social que consistía en renovar un precario mecanismo para que no queden en la indigencia cerca de medio millón de parados con cargas familiares y sin ingreso alguno. Mariano Rajoy suscribió así su primer gran acuerdo con los interlocutores sociales en lo que va de legislatura, que se traduce en la ayuda de 426 euros para desempleados sin protección. La medida llega, como es costumbre, en año electoral. De momento, durará seis meses; después, el calendario electoral dirá. Todo el montaje trasladaba una cierta sensación de desmesura. Las razones eran bien simples: al Gobierno, ya en plena campaña preelectoral, le interesaba la fotografía de su capacidad de diálogo con los agentes sociales. A los sindicatos, con el prestigio laminado y la afiliación en mínimos históricos, también. Y de cara a los empresarios contribuyó a dar imagen de que son capaces de negociar con los trabajadores. Pero el resto de la ciudadanía lo ha recibido con notable perplejidad, especialmente por el hecho de que se le intente vender una medida de emergencia como si se tratara de la panacea que restaura el maltrecho estado de bienestar. Bienvenida sea la ayuda para los que la precisan para paliar necesidades extremas. Pero un pacto social y los problemas a abordar son mucho más que esto.

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