Agilizar la Justicia

La experiencia empírica confirma una regla fácil de establecer: los poderes legislativo y, sobre todo, ejecutivo tienden espontáneamente a limitar todo lo posible los medios de que dispone el poder judicial para alcanzar sus fines. Puesto que la Justicia es la encargada de controlar a los demás poderes del Estado, éstos regatean a aquélla la capacidad de control. En los momentos presentes, estamos asistiendo a un forcejeo entre la Justicia y la mayoría política que controla el Parlamento y gobierna la nación. Los jueces están persiguiendo con tesón los innumerables casos de corrupción que afectan a esa mayoría, entre críticas más o menos veladas del poder, que se revuelve ante la exigencia de responsabilidades. Y el Gobierno acaba de anunciar medidas encaminadas a agilizar el papel de la Justicia, que básicamente pretenden, mediante la reforma de las leyes de Enjuiciamiento, acortar los procesos: se pretende que la instrucción de los asuntos penales dure menos de seis meses. Algo evidentemente imposible si no se incrementan el número de jueces y la dotación de las oficinas judiciales. Actualmente, la falta de medios de que dispone la maquinaria judicial es alarmante. Si no se proporcionan más medios, la medida, lejos de ser una herramienta contra la corrupción, será una nueva vuelta de tuerca para presionar al poder judicial desde el poder ejecutivo. Como reza el viejo axioma castellano, no basta con predicar. También hay que dar trigo.