Apertura pero con precaución

La vigencia del estado de alarma durante los últimos tres meses ha permitido al Gobierno marcar la pauta en un complejo proceso normativo con afectación sobre el conjunto del Estado. La centralización en la toma de decisiones de los primeros compases de la crisis sanitaria, con una autoridad única residenciada en los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Transporte y Movilidad Urbana, bajo la supervisión del presidente del Gobierno, abrió una primera etapa en la que la prioridad esencial fue gestionar las semanas de confinamiento que afectaron a la ciudadanía. Posteriormente, y a medida que el proceso de desescalada progresaba, el mando único compartido por los cuatro ministerios abrió la puerta a una creciente cogobernanza entre las diferentes comunidades autónomas y un Gobierno que hizo de la necesidad virtud al necesitar apoyos parlamentarios de partidos periféricos para prorrogar los sucesivos estados de alarma. A punto ya de que la mayoría de las comunidades autónomas accedan a la denominada ‘nueva’ normalidad, el incremento de la movilidad y la apertura de fronteras exteriores con otros países se va a convertir en el termómetro más delicado para medir la solidez y consistencia del proceso en el que nos hallamos. No solo porque el aumento exponencial de la movilidad elevará el riesgo de potenciales rebrotes, sino porque esta evolución, al compás del inicio oficial del verano, puede venir acompañada de un relajamiento añadido en las medidas de precaución aconsejadas por los expertos sanitarios. Es obvio que hay que hacer lo posible por retomar cuanto antes la normalidad y comenzar la recuperación de una economía que ha quedado muy dañada, sobre todo en lo que respecta al sector turístico, la principal empresa del país. Pero hay que extremar las precauciones para que esta apertura y la movilidad sin límites no supongan un excesivo relajamiento de las medidas de seguridad que favorezcan un rebrote que ya está obligando a nuevos confinamientos en otras latitudes.