Baix Penedès. El colapso crónico

Con la llegada del año también llegan las nuevas tarifas reguladas de algunos servicios, entre ellos los de las autopistas, mucho revuelo han armado las decretadas por la Generalitat para las de su titularidad, derivadas del incremento superior al 2%. La polémica de las autopistas, su amortización, agravios entre comunidades autónomas, precio y repercusiones positivas o negativas sobre el territorio es como los ojos del Guadiana, aparece y desaparece de las portadas pero siempre permanece latente. 

El núcleo del problema es el sistema de gestión de las vías rápidas, tradicionalmente beneficioso para las concesionarias (independientemente de la titularidad de la vía), mínimos garantizados a coste de los presupuestos públicos y una política de alargar concesiones que lastra el desarrollo de unas poblaciones que se ven agraviadas respecto a otras que disfrutan de una carencia de peajes, en algunos casos a escasos quilómetros.

El Baix Penedès es una comarca surcada por infinidad de infraestructuras pero poco beneficio saca de este hecho, sufre un colapso crónico de sus principales carreteras gratuitas paralelas a las poco utilizadas autopistas y un servicio de ferrocarril caro. 

Desde 1996 ha tenido un aumento de población superior al 120% en sus tres principales poblaciones del frente marítimo (El Vendrell, Calafell y Cunit), derivado de la burbuja inmobiliaria de la ciudad condal y su área metropolitana, pero este hecho no ha ido acompañado de un desarrollo exponencial de su actividad económica. Con la crisis de la construcción, poca industria y un sector turístico con más potencial que potencia, el paro llegó a la comarca para nunca desaparecer, liderando lo ránquines catalanes en tasas de paro (totales y de larga duración).

Por tanto, muchos de sus habitantes se ven obligados a desplazarse fuera de ella para dirigirse a sus empleos y el precio de los peajes no es baladí, ni para ellos ni para las empresas que tienen un impedimento más que repercutir en su cuenta de resultados.

Se esperaba con interés la llegada del nuevo modelo de gestión propuesto por la Generalitat y que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2019, la viñeta, las circunstancias políticas acontecidas derivadas del proceso independentista y una falta de acuerdo con el Gobierno central para llevarla a cabo han hecho imposible el cambio importante de todo el sistema de gestión, pero la problemática que padecen los ciudadanos persiste y queda sin solucionarse, pese a cumplir éstos con el pago puntual de sus impuestos.

Las autoridades comarcales alzan la voz contra las tarifas y piden subvencionarlas aún más, al mismo tiempo que se quejan de falta de recursos y mala situación en otros servicios como el Hospital del Vendrell, formación para parados, guarderías, colegios e institutos… siguen pensando en un sistema que no deja de ser un simple esparadrapo en una herida grave y repetir la situación del pez que se muerde la cola: los recursos son limitados y se deben establecer prioridades, no basta con pedir subvenciones y no asumir responsabilidades u obviar repetidos incumplimientos.

La problemática es estructural y extrapolable a otras zonas, debe tratarse sin paternalismos y populismos, viene derivada de unos contratos injustos y beneficiosos para el sector privado firmados por gobiernos de todos los colores, ante esto, sólo cabe trabajar de verdad (y no sólo a base de titulares esporádicos) para establecer el cambio de modelo o si éste no llega, exigir mejoras pero asumiendo los costes derivados, en definitiva, la solución: madurez, análisis y toma de decisiones.