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Capitalismo de amiguetes

Invertir con el aval del Estado es como apostar a la ruleta rusa con balas de fogueo

Dánel Arzamendi

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La clase media de este país ha vuelto a comprobar esta semana cómo el peso de un nuevo fiasco empresarial vuelve a cargarse sobre sus ya castigadas espaldas. Las camarillas de presuntos empresarios que han frecuentado inmemorialmente los centros del poder político, brillantemente descritas en algunas películas del siempre genial Berlanga, se empeñan todavía en demostrar que siguen en plena forma. En España no hay nada como tener amigos influyentes en las instituciones para embarcarse en grandes negocios sin apenas riesgo: si sale bien, el pelotazo está asegurado; si sale mal, ya pringarán (pringaremos) los de siempre.

Las ruinosas autopistas radiales de Madrid se habían convertido en un famélico buitre que sobrevolaba nuestras cabezas desde hace ya un tiempo. La exministra de Fomento, Ana Pastor, propuso hace un par de años un ambicioso plan para salvar los muebles: planteaba una quita del 50% a las entidades financieras acreedoras de las concesionarias, una cifra muy alejada de las pretensiones bancarias y que fue finalmente rechazada. El nuevo responsable del ramo, Íñigo de la Serna, ha vuelto a poner este espinoso tema encima de la mesa, reconociendo que ocho vías deficitarias acabarán indefectiblemente en manos del Estado (con el consiguiente desembolso que pagaremos entre todos). Ante las contundentes críticas de todos los partidos de la oposición, el ministro se ha apresurado a aclarar las cosas sin demasiada fortuna.

Su principal argumento de defensa es que esta operación no es un rescate, una frase que a todos nos suena familiar cuando la pronuncia algún individuo sentado en el banco azul. Es difícil olvidar la obsesión de Rajoy y sus ministros por negar hasta la náusea que esta conceptualización pudiera aplicarse a las ayudas ofrecidas en su día al sector financiero, un objetivo numantino que fracasó con estrépito al confirmarse que aquellos fondos presuntamente prestados jamás volverán a las arcas públicas. Sin embargo, y sin que sirva de precedente, considero que el ministro lleva la razón en este caso.

Efectivamente, cuando hablamos de una concesión de obra pública, el rescate es una figura jurídica que permite a una administración recuperar anticipadamente el objeto de la concesión de forma unilateral, pagando por ello una indemnización al concesionario por el lucro cesante y la parte no amortizada de la obra. Supone, en ese sentido, una finalización prematura y anormal de la relación contractual por una iniciativa de la administración de carácter esencialmente voluntario. Ciertamente, este concepto tiene poco que ver con lo que se está planteando respecto de las autopistas madrileñas. En esta ocasión, la responsabilidad económica que tendrá que asumir el Estado (o sea, todos nosotros) no será fruto de una decisión gubernamental de recuperar estas infraestructuras, sino la consecuencia inevitable de la reversión de estas vías a manos de la administración por la liquidación de las concesionarias inmersas ya en un concurso de acreedores.

¿Acaso esto significa que todo se ha hecho bien? En absoluto. Es más, nos encontramos ante un nuevo caso paradigmático del conocido “capitalismo de amiguetes” que tanto nos ha costado a los sufridos contribuyentes durante los últimos años: recordemos la exorbitante indemnización de 1.350 MEUR que recibió Escal UGS (cuyo primer accionista era ACS) por el fracaso del Proyecto Castor, las ventas a precio de derribo de los modernísimos aeropuertos de paseo, etc. La polémica que estamos viviendo estos días confirma que el dinero de todos se maneja en España con una increíble y despreocupada alegría, sobre todo cuando de este modo se beneficia a algunos poderosos y bien relacionados empresarios (que quizás ofrezcan al político de turno un bonito sillón de piel en un consejo de administración tras superar el período de incompatibilidad al concluir su mandato).

Sin embargo, volviendo al caso concreto que nos ocupa, el hecho de que la reversión de las autopistas constituya un imperativo legal conlleva que la responsabilidad de lo sucedido no se encuentra en los dirigentes que hoy intentan resolver este embrollo, sino en aquellos gobiernos populares que en su día firmaron unos contratos delirantes con las concesionarias, que incluían en ocasiones una previsión de tráfico que superaba en un 400% el que efectivamente se ha producido durante estos años (a su lado, los encuestadores y los contadores de manifestantes parecen Guillermo Tell). Es probable que los gestores de estas vías ya dudaran entonces de estos desorbitados pronósticos, pero invertir con el aval del Estado es como apostar a la ruleta rusa con balas de fogueo. De nada nos sirve ahora que Íñigo de la Serna declare que el gasto de reversión será inferior al costo de construcción. Esas autopistas eran unas infraestructuras innecesarias, tal y como la experiencia ha demostrado, que sólo sirvieron para que las constructoras aumentaran su facturación, algunos expropiados se hicieran de oro, y los políticos de la época se pusieran una medalla (una promoción electoral que a los contribuyentes nos va a costar una auténtica fortuna). Se confirma que para algunos -como Carmen Calvo- el dinero público no es de nadie.

El motivo por el que el actual ministro de Fomento no ha descargado justificadamente las culpas del asunto en el gobierno de Aznar es que Mariano Rajoy fue un miembro destacado de aquel ejecutivo (y no hay que morder la mano que te da de comer). En cualquier caso, aunque el actual gabinete no sea responsable directo de aquel despropósito, sí lo es de lo que ocurra a partir de ahora. Los sistemas de control en la concesión de obra pública han demostrado ser manifiestamente perfectibles en varias operaciones recientes. Aprovechemos el contexto político y anímico actual para implantar las reformas necesarias que eviten situaciones semejantes en el futuro. Con el dinero de todos no se juega.

danelarzamendi@gmail.com

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