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Catalanes exportados

De los 220.000 catalanes que residen en el extranjero, el pasado 9-N votaron 14.000, un 6%
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El actualmente denostado expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, en su época de esplendor presidencial, en una visita a Madrid, se reunió en una cena en el prestigioso Círculo Catalán, de la plaza de España de la capital madrileña, con un grupo de catalanes residentes en Madrid, entre los que me encontraba, y recuerdo que con gran elocuencia improvisó un vibrante discurso, en el que nos dijo que los catalanes que trabajamos y residimos en la capital hacíamos grande a Catalunya desde fuera y que se sentía muy orgulloso de ello.

Ahora acabo de leer que relacionarse con la diáspora de catalanes que viven por todo el mundo, contribuir a que mantengan el vínculo con su tierra y facilitar su regreso, si así lo desean, son tres de los objetivos que se marca el proyecto de ley de la Comunidad Catalana en el Exterior, recientemente aprobado por el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. Sin duda alguna, tales objetivos, en mi opinión, no pasan de ser meras declaraciones de buenas intenciones. Para que los catalanes exportados vuelvan a Catalunya es necesario impulsar otro tipo de políticas.

El nuevo proyecto de ley, que ahora iniciará su andadura y tramitación parlamentaria, viene a actualizar la Ley de Comunidades Catalanas de 1996, que regulaba la relación del Govern de Catalunya con los casals catalans y otras asociaciones de este tipo existentes en el extranjero. Actualmente existen 140 comunidades de tal naturaleza, reconocidas oficialmente por la Generalitat y que pueden ejercer y actuar como agentes de diplomacia pública, según ha señalado en rueda de prensa el portavoz del Govern, el conseller Francesc Homs.

Asimismo, el portavoz y conseller de Presidencia puso especial énfasis en que estas organizaciones adopten con naturalidad un papel de embajadores de los intereses de Catalunya y destacó que es un papel en el que debe desempeñar un importante protagonismo y participación activa la sociedad civil.

Parece que, en mi opinión, en un momento en el que el globo del independentismo se está desinflando en el interior de Catalunya, se está pasando a apelar a los catalanes exportados, para designarlos agentes diplomáticos de Catalunya. Y todo esto ocurre pocos días después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera cautelarmente algunos artículos, bien es cierto que no todos, de la Ley de Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya.

El nuevo proyecto de ley que ahora inicia la tramitación en el Parlament de Catalunya, dentro de la vorágine soberanista, reconoce a los catalanes que viven en el extranjero como sujetos con derechos y deberes en el ámbito de las competencias de la Generalitat. Configura a los catalanes exportados como agentes destacados de la diplomacia pública catalana, con un papel activo en la construcción nacional de Catalunya y en su proyección internacional.

Si hacemos memoria, la primera comunidad catalana fue fundada en La Habana en el año 1848, época de prosperidad y gran riqueza, en la que en Cuba residía un importante número de catalanes y se ha llegado hasta las 140 asociaciones reconocidas oficialmente en la actualidad.

Pero conviene asimismo recordar, que de los 220.000 catalanes que residen en el extranjero, el pasado 9-N votaron 14.000, tan solo poco más de un seis por ciento y ello a pesar de la intensa campaña desatada al respecto. No parecen, pues, los catalanes exportados demasiado interesados, por ahora, en la cuestión soberanista.

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