Cayendo desde lo alto

Los que han ganado o perdido votos en las recientes elecciones es lógico que se pregunten por qué. Lo curioso es que casi nunca exteriorizan razones indicativas de que han entendido algo, sobre todo cuando les ha ido mal. Cabe pensar que a nivel interno lo puedan tener más claro, pero las más de las veces toca dudarlo, cuando muestran más síntomas de empecinamiento que voluntad de reconversión. Se puede aplicar estos días al Partido Popular (PP), de largo el peor parado en las urnas hace pocas semanas, aunque otros con resultados poco lucidos tampoco transmiten sensación de tener claras las causas por las que llevan varias convocatorias yendo a peor.

Los hechos han confirmado lo que, la noche del pasado 24 de mayo, la mayoría de dirigentes del Partido Popular (PP) se resistía admitir: una pérdida de poder que supera el retroceso en votos sufrido en los comicios autonómicos y municipales, haciendo en muchos casos estéril haber mantenido la condición de lista más votada, a mayor o menor distancia de las demás. La realidad es que, privados de la mayoría absoluta, en contados casos han sabido o podido organizar los pactos que las previsiones marcaban como imprescindibles para gobernar. Lo que no puede ni debe ocultar que el objetivo primordial de evitar su continuidad en presidencias y alcaldías haya gestado acuerdos entre adversarios cuya viabilidad se pondrá a prueba, a no tardar.

Sobran evidencias de que los máximos dirigentes del PP, con el presidente Rajoy a la cabeza, no andan del todo atinados en el análisis ni la interpretación de lo ocurrido. Seguramente no es fácil, como no lo es que las decisiones de estos días puedan invertir la tendencia hacia unas elecciones generales, casi seguro en otoño, que para ellos no pintan bien. De ahí que, entre lo uno y lo otro, tampoco hayan sorprendido demasiado los cambios del pasado jueves en la cúpula del partido, reafirmando la nunca mermada autoridad presidencial.

Suele ser común en los procesos de declive político cargar el grueso de las culpas en la comunicación. «Lo hacemos bien, pero no hemos sabido explicarlo», acostumbra a ser la justificación más socorrida, basada en un análisis que, aun pudiendo ser en parte cierto, no pasa de ser parcial. Implica, tanto una descalificación de los portavoces, como achacar la pérdida de respaldo del electorado a los ataques de los medios; en particular, las cadenas de televisión. Lo peor es que denota una errada concepción del papel que corresponde a unos y otros. Por una parte, tiende a confundir la obligación política de convencer con simple propaganda. Por otra, muestra dificultades congénitas para asumir la crítica mediática como ingrediente y reflejo de la debida pluralidad.

Dejando aparte la evidente erosión que les ha supuesto el como mínimo torpe manejo de los asuntos de corrupción, la paradoja es que Gobierno y partido han errado en el manejo del que consideran su mejor atributo para aspirar –piensan incluso que merecer– mayor aprecio electoral: la gestión de la honda crisis económica heredada de sus predecesores. En cierta medida, les ha vuelto a pasar algo parecido a lo que motivó su, para ellos inesperada, derrota en 2004: se han creído eximidos de la obligación de convencer… porque les bastaba con tener razón.

Vale tomar como ejemplos las dos reformas que de verdad se han acometido: la normativa laboral y el sistema financiero. La primera, falta de una radicalidad de la que insólitamente presumieron, y que la oposición ha sabido explotar mejor que bien, ha demostrado ser técnicamente mala, con más sentencias condenatorias de los tribunales que cualquier otra anterior. Atribuirle la mejoría de las cifras de empleo no pasa de ser un sarcasmo, por no emplear un calificativo peor.

La segunda, aunque acabó mejor que empezó, ha sido difícil de digerir por la sociedad. No se ha acompañado de esfuerzo didáctico para justificar la ingente suma de dinero público vertido ni transmitido una mínima convicción de que los problemas se han solventado y evitado el riesgo de que vuelvan a aparecer. Más allá de algún amago de escarmiento penal muy localizado, impera la sensación de que el sector se ha concentrado, ganado poder y eludido su parte de responsabilidad en haber cebado una burbuja inmobiliario-financiera que estuvo a punto de llevarse por delante el conjunto de la economía. Porque, aunque se mencione poco, no sólo cajas de ahorros fallidas impulsaron operaciones ruinosas; ¿no financiaron entre todos fusiones y adquisiciones fallidas, tomando como garantía reservas de suelo y activos tasados de forma irreal?

Es innegable que la economía discurre mejor que cuatro años atrás y ni en el Gobierno ni en el partido comprenden la pérdida de apoyo que las elecciones y las encuestas no cesan de confirmar. ¿Pasan por alto que la percepción social puede ser distinta de la que desearían, con o sin justificación? Algo tarde, intuyen que no han sabido explicarse, aunque no llegan a asumir que en realidad no se han explicado apenas, ni bien ni mal. Para sorpresa de muchos, el presidente Rajoy desatendió las sugerencias de situar al frente del equipo económico a alguien dotado de autoridad técnica y aptitud didáctica, capaz de transmitir y convencer a los ciudadanos de la necesidad de un ajuste ingrato y la consecuente expectativa de superación. Se ha echado en falta más de una vez.