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Chaves y Griñán, también

La decisión del Supremo confirma la solvencia de las investigaciones sobre los ERE en Andalucía
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Hace tiempo que el manejo irregular de fondos en la Junta de Andalucía va camino de convertirse en la triste evidencia de dónde puede desembocar la permanencia dilatada en el poder. Los socialistas dominan el ente autonómico desde su creación; es decir, van camino de acumular cuatro décadas ininterrumpidas de control político territorial. Los avatares que han rodeado la larguísima instrucción del caso de los ERE, y los que empiezan a repetirse sobre el posible uso indebido de los fondos destinados a la formación, denotan escasa pericia, dado que incitan, más que evitan, que la sospecha se acabe extendiendo a cualquier otro aspecto de la gestión.

Conocer al detalle qué hacen los responsables políticos con el dinero que aportan los contribuyentes es un derecho esencial de éstos y una obligación de aquéllos. Usarlo en beneficio propio, sea directa o indirectamente, es una forma de corrupción repugnante, pero hay otras de manejarlo mal. Algunas, por desgracia demasiado frecuentes, pasan desapercibidas, sin conocimiento público ni escarmiento, sea político, penal o simplemente social. Suele ocurrir cada vez que un gobernante, individualmente o como partido, cree que puede disponer a su exclusivo criterio del poder que le han otorgado las urnas; incluidos, por descontado, los fondos presupuestarios a su alcance.

Son ya muchas las evidencias de que el gobierno de Andalucía pudo destinar fondos públicos sin atenerse a las normas: otorgando, por ejemplo, subsidios sin derecho a percibirlos o retribuyendo mediaciones innecesarias e injustificadas. La lista de encausados es dilatada, alcanza a muchos estamentos y acaba de culminar con la decisión del Tribunal Supremo de incluir a los dos últimos presidentes: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El delito atribuido es de los que peor suenan: prevaricación, descrito como la adopción de decisiones injustas, a sabiendas de que lo son. No es, casi no hace falta decirlo, una conclusión precisamente brillante para dos dirigentes socialistas que han ostentado máximas responsabilidades, tanto al frente del partido como en el gobierno central –fueron ministros de Felipe González-, además de su posición preeminente en Andalucía durante décadas. Todo ello sujeto, por descontado, a lo que determinen los tribunales a la conclusión del procedimiento.

A nadie se oculta que, en este caso, como en muchos otros, los intentos de obstaculizar, o cuando menos no facilitar la averiguación de los hechos, han servido de poco, más allá de transmitir la sensación de complicidades que acaso van más allá de las demostrables. Lo mismo puede decirse de los torpes intentos de sugerir intencionalidad político-partidista en la investigación. Ha habido hasta ánimo de desacreditar el contundente dictamen de los peritos designados por la Intervención General del Estado, a requerimiento de la juez instructora. Sí han contribuido, en cambio, a dilatar el procedimiento, quién sabe con qué repercusiones de índole procesal. ¿Era lo que pretendían?

Conforme la pauta habitual, la resistencia a admitir los hechos ha contrastado con la virulencia con que los socialistas descalifican a sus oponentes en tesitura similar. Nada distinto de lo que, a la recíproca, acostumbran a hacer los demás. La recurrente apelación a la presunción de inocencia comporta pasar por alto cuestiones y aspectos sustanciales de la gestión pública. Entre ellos, que la delegación otorgada en las urnas se basa en la confianza de que actuarán en beneficio de todos, no del particular de sí mismos, el partido al que pertenecen o los más próximos o afines. No hacerlo, alcance o no supuestos penales, acarrea quiebra de esa confianza y, por tanto, invalida –debería invalidar- para seguir ostentando cualquier tipo de representatividad social. Se echan en falta mayor rigor en la vigilancia interna y más diligencia en la reprobación. Sólo al final, tras meses o años de escudarse en el repulsivo “y tú más…”, unos y otros acaban adoptando decisiones sancionadoras para los suyos, aunque a regañadientes y, como se dice coloquialmente, arrastrando los pies.

Aunque se han empezado a manifestar claros síntomas, no es fácil medir todo el alcance del daño causado por la corrupción. No sólo, aunque por supuesto, por los comportamientos desvergonzados que se descubren, sino tanto o más por la torpeza y el descaro con que se manejan desde los partidos y gobiernos directa o indirectamente relacionados. La constitucional y oportuna presunción de inocencia se ha confundido con la suposición de que todo lo propio rebosa honestidad, frente a la perversión de todos los demás. En algunos casos, incluso se ha llegado a pretender una suerte de superioridad moral, como si un mismo acto fuera mejor o peor dependiendo de la ideología de pertenencia.

Cabe pensar que más de un dirigente socialista debería arrepentirse de cómo se ha conducido desde el partido todo lo referido al caso ERE. Distinto será que acepten reconocerlo, pero quizás bastará con que dejen de hacer lo mismo con otro escándalo en ciernes: el uso de los fondos destinados a la formación de desempleados en la propia comunidad andaluza, donde varios jueces ya han apreciado indicios claros de irregularidad. ¿Lo harán? De momento, van por el camino de siempre, parapetados bajo la excusa de que sus adversarios hacen lo mismo con las vergüenzas que les atañen. No hace falta decir que, con esas prácticas, difícil tendrán convencer a los ciudadanos de que merecen mayor confianza; antes bien, seguirán contribuyendo a generar la convicción social de que todos son iguales… en lo peor.

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