Corrupción y moralidad

La policía judicial de la Guardia Civil ha echado por tierra el que parecía más potente imperio deportivo del país, el feudo de Angel María Villar, con casi treinta años de dominio absoluto sobre la Federación Española de Fútbol. Sobre el circo de los españoles, nada menos.
La verdad es que en este país la corrupción ha afectado sobre todo a lo público, cuyos poco escrupulosos representantes han metido a conciencia mano en la caja con el pretexto de que los partidos políticos tienen que alimentarse. Las autonomías y los ayuntamientos se han convertido en instituciones sospechosas y han recibido el desapego de buena parte de la ciudadanía (cuando de corrupción se trata, las generalizaciones son inevitables: pagan siempre justos por pecadores).
Pero no se ha parado ahí el contratiempo: también algunas de las instituciones semipúblicas, sociales y corporativas de alcurnia y altura como la RFEF se han convertido en cuevas de ladrones. Y que nadie argüya desconocimiento o sorpresa: muchas voces han clamado contra la corrupción en la sede del fútbol federado; su jerarca estuvo sospechosamente cerca de los malandrines que se lo llevaron crudo en la FIFA y en la UEFA (Platini, Blatter); y esa institución benéfica llamada Transparencia Internacional, que clama conmovedoramente en el desierto, había advertido varias veces de la opacidad intolerable de un órgano que manejaba dinero público. 
Ante estos nuevos desastres que desmoralizan a la gente, pulverizan la conciencia fiscal y deterioran la imagen de España y de lo español, algunos encumbrados políticos han reaccionado recomendando una renovación ética, una conversión moral, una recuperación de los grandes principios, etc. 
La clase política no tiene autoridad moral para hacer recomendaciones de esta índole. Lo que puede y debe hacer es extremar los controles, afianzar las normas, crear más juzgados y fiscalías, mejorar los sistemas policiales y judiciales, de forma que se pueda perseguir con saña a los delincuentes.