Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

Opinion EDITORIAL

Cuando se pierden las formas en los plenos

El alcalde Ballesteros ha obrado con prudencia al aparcar el punto del pleno que contemplaba el cese de la concejala de la CUP.

Diari de Tarragona

Whatsapp
Protesta en el pleno del Ayuntamiento de Tarragona. PERE FERRÉ

Protesta en el pleno del Ayuntamiento de Tarragona. PERE FERRÉ

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona vivió ayer unos momentos de tensión y, en algún caso de malas formas, que deberían desterrase de la vida política municipal de Tarragona. El pleno debía debatir el cese de la concejal de la CUP Laia Estrada en sus funciones a raíz de la condena en firme de tres meses de prisión y de inhabilitación por el llamado caso Bershka. El gobierno municipal dispone de un informe del secretario municipal en el que especifica que la condena de privación de libertad es «incompatible» con el ejercicio de un  cargo electo. Los miembros de la CUP aducen otro dictamen jurídico que asegura lo contrario. En cualquier caso, la decisión del alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, de aparcar este punto del orden del día a la espera de que la concejal presente sus alegaciones, parece la opción más prudente. No es agradable ni deseable que en una institución democrática se produzca el cese de un representante elegido por los ciudadanos de manera ajena a la propia voluntad de los electores. Pero por la misma lógica del Estado de Derecho, es igualmente imprescindible el cumplimiento de la ley por la necesidad imponderable de la separación de poderes. Cuando la interpretación de la norma ofrece discrepancias es imprescindible asegurar una correcta aplicación para no provocar daños que no sería posible reparar. Es por ello prudente abrir un período que permita dilucidar sin ningún género de dudas si la concejal puede seguir en su escaño pese a estar condenada en firme.
Dicho esto, la misma prudencia sería exigible a los concejales de la CUP a la hora de manifestar su postura en el salón de plenos. Nadie podrá achacar al equipo de gobierno municipal un abuso de poder ni una extralimitación en las formas de gestión del debate público. Apelar al barullo de los incondicionales y al lenguaje soez, e incluso ofensivo hacia los funcionarios municipales, no parece el mejor sistema para regir la vida pública municipal de Tarragona. Las formas, en democracia, también tienen su importancia. No las perdamos.

 

Temas

Comentarios

Lea También