De las salidas a las soluciones

Las elecciones convocadas para el próximo 21 de diciembre son el punto de partida para afrontar la resolución de la cuestión catalana. Se trata de una salida que, en la situación a la que se había llegado, no es poco, pero no es la solución. La Constitución de 1978 ha proporcionado el instrumento para dar una respuesta legal al proceso independentista impulsado por el Govern y el Parlament, que tuvo su culminación con la proclamación de la República catalana. Pero el debate constitucional va mucho más allá de los aspectos hoy más candentes, como el encaje de Catalunya o la aplicación del artículo 155. Sobre todo porque tanto en el problema catalán como en fenómenos de otra índole que en los últimos años han aflorado en España, hay un trasfondo de palpable malestar. El independentismo ha sido una de esas formas de protesta contra el statu quo, sin duda la más estruendosa y la que ha llegado más lejos. La conclusión evidente es que, por unas circunstancias o por otras, el actual sistema no está siendo acogedor para capas muy relevantes de la sociedad, especialmente las generaciones más jóvenes. En una situación como la actual en que la juventud no tiene ni acomodo ni expectativas claras, cualquier propuesta de ruptura tiene grandes posibilidades de ser aceptada y prosperar.
De ahí que, si bien lo más urgente es restañar las heridas sociales y económicas en Catalunya y poner las urnas para que el dictamen de la ciudadanía sustente la búsqueda de una salida política, en paralelo hay que trabajar hacia nuevos consensos que incluyan la reforma y modernización de la Constitución, no sólo para resolver la crisis territorial y dar cabida a algunas de las demandas fundamentadas del soberanismo, sino para que la Carta Magna contribuya en mayor medida a restaurar la igualdad de oportunidades, a incrementar la prosperidad y el bienestar colectivos, y a dar entrada en el sistema a quienes se sienten ajenos a él.