Derecho a la vivienda y desahucios

Una de las consecuencias más dramáticas de la crisis económica y del estallido de la burbuja inmobiliaria ha sido el de las personas hipotecadas que se han quedado sin vivienda y han seguido cargando con la deuda bancaria. Muchos de los casos se han podido resolver gracias a la acción ciudadana organizada en torno a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero el problema de fondo sigue latente. La desmesura especulativa que se desató en torno al ladrillo llevó a muchas entidades bancarias a otorgar préstamos hipotecarios muy por encima del valor razonable de las viviendas que actuaban de aval del crédito. En algunos casos, el préstamo hipotecario servía para adquirir la vivienda, amueblarla y, en algunos casos, añadir un bien de consumo que nada tenía que ver con el objeto de la hipoteca. El sistema tenía que estallar como así fue. A raíz de esta crisis han surgido voces que reclaman la reforma de la Ley Hipotecaria. Otros expertos consideran que España dispone de un buen instrumento legal, equilibrado, que en todo caso precisa de una buena aplicación a la que los bancos han regresado tras la cruel experiencia reciente. El centro de la polémica gira en torno a la figura de la dación en pago. Por una parte parece justo que la entrega de la vivienda hipotecada extinga la deuda bancaria. Pero por otro, esta garantía obliga a extremar las condiciones del préstamo y, por tanto, limitar el acceso a la vivienda de propiedad.