Derecho a reparar

Europa se felicita estos días por su lucha contra la obsolescencia programada y porque acaba de entrar en vigor el ‘Derecho a reparar’, una ley que obliga a los fabricantes de neveras, lavadoras, secadores de pelo, televisores y otros productos de electrónica de consumo a garantizar que sus electrodomésticos puedan repararse durante al menos un periodo de diez años y que persigue aumentar la durabilidad de los productos tecnológicos y, en consecuencia, reducir su huella ambiental. Efectivamente, se trata de una buena noticia. ¿Quién no se ha quejado de que ahora cuesta menos comprar un objeto nuevo que repararlo? Pero habría que aclarar que no se trata de un gran descubrimiento. De hecho, nada como la necesidad para hallar una segunda –o una tercera, o una cuarta– vida a cualquier aparato o artilugio. Lo saben muy bien en Cuba, donde el desabastecimiento alimenta la imaginación, ya que cambiar lo que se gasta o lo que se rompe por algo nuevo no es una opción; allí nada se tira. Y al amparo de esta necesidad han surgido oficios como el del limpiacalderos, que se dedica a limpiar y devolver su esplendor a ollas y sartenes tan ennegrecidas y cubiertas de capas y capas de residuos que en cualquier otro país habrían ido directos al vertedero. O el de rellenador de encendedores, que no solo recargan de gas los mecheros, sino que además les cambian la piedra o diferentes arreglos del mecanismo para que sea ‘eterno’. O el de paragüero, o el de ‘espejuetero’, que arregla con destreza las monturas de las lentes, o el de reparador de muelles de colchones… Sí, la necesidad es una de las mejores aliadas de la sostenibilidad.