Desigualdad preelectoral

La gran crisis económica ha incidido muy negativamente en el bienestar de los españoles y ha producido un retroceso del PIB del 7,3% entre 2008 y 2013. El plan de estabilización comenzado por el gobierno de Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 y continuado por el gobierno Rajoy ha conseguido detener la fase recesiva del ciclo y emprender el camino del crecimiento. 2014 se ha saldado con un crecimiento del PIB del 1,4%. Y hoy seguimos creciendo a más del 2%.

En pocas semanas dará comienzo en nuestro país un ciclo electoral sin precedentes en la etapa democrática. Nada menos que cinco consultas consecutivas tendrán lugar desde el 27 de marzo, en que se celebrarán las autonómicas andaluzas; el 22 de mayo habrá elecciones autonómicas y municipales; el 27 de septiembre, autonómicas catalanas; y a finales de año, las elecciones generales, probablemente en noviembre o diciembre.

Con esta perspectiva, los electores tendremos que tomar grandes y graves decisiones, no sólo porque nos corresponde marcar en las urnas la pauta del futuro, sino también, y sobre todo, porque la crisis ha dejado tras de sí un rastro de inédita renovación política y, junto a los partidos tradicionales, se disponen a competir formaciones que acaban de aparecer en el espectro electoral y que, en buena medida, aparecen a consecuencia de la propia crisis. Es decir, de la impericia de quienes han gobernado en este periodo y de la corrupción a raudales que ha recalentado la indignación de los ciudadanos en esta etapa de dolor y necesidad.

Con estos antecedentes, los objetivos socioeconómicos que deberíamos perseguir los electores deberían ser dos principalmente: continuar creciendo y restañar la creciente desigualdad que se ha instalado en nuestro país, en mucha mayor medida que en el contexto europeo. Con una particularidad: no es cierto que el crecimiento económico vaya a reducir espontáneamente la desigualdad.

El índice de justicia social se elabora a partir de seis indicadores: riesgo de exclusión y pobreza, igualdad de oportunidades en la educación, acceso al mercado laboral, cohesión social y no discriminación, salud y cohesión intergeneracional. Pues bien: España, con un índice de 4,85 en 2014, ocupa el lugar 21 de los 28 países de la UE en un ranking encabezado por Suecia, con el 7,48. Con la particularidad de que en 2008, el índice español era del 5,59 y en 2011, del 5,13. El desplome español es de los mayores de la lista. La lucha contra la desigualdad es compleja y debe enfocarse de forma multidisciplinar. El sistema fiscal es quizá la herramienta más obvia para conseguir una mayor nivelación pero además habrá que mejorar el sistema educativo; que implementar políticas activas de empleo, incluso la formación de los desempleados; que mejorar la competitividad mediante la inversión creciente en I+D+i; que reformar la legislación social y laboral para mejorar la posición de los asalariados y devolverles los derechos sociales arrasados por las últimas reformas laborales. El 12% de los trabajadores que tienen empleo están actualmente en riesgo de exclusión social, lo que significa que hoy por hoy es posible tener un empleo y no haber salido de la miseria. En las manos de los electores está el superar esta oprobiosa situación.